Inspectores adscritos a la Oficina de Sustancias Controladas y Cannabis Medicinal, alegaron el martes en vista pública de la Comisión de Gobierno, que los vendedores en los dispensarios son quienes determinan la dosificación de los productos de cannabis medicinal que utilizan los pacientes y no el médico que expide el certificado para el uso del producto.

Durante el interrogatorio realizado por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, autor de la medida para analizar el cumplimento de la ley que regula el cannabis medicinal, los inspectores Nilda Adorno y Xavier Barredo, explicaron en comunicación escrita que "el doctor recomienda qué producto va a usar, pero es el dispensario el que es más específico”, respecto a la dosificación que debe usar el paciente.

Ante ello el legislador señaló que esta práctica "podría ser una crisis para el paciente de la que debemos ocuparnos; porque cuando surge la orden ejecutiva y luego la ley, se le requiere a los médicos certificarse para entrar en la industria del cannabis, pero entonces qué obligación tiene ese paciente de visitar al médico para evaluarse y la dosificación del producto”.

Cuestionó el hecho de que el paciente "va al dispensario y la persona que está allí, que no es un farmacéutico, ni un auxiliar de farmacia, que solamente está certificado por el Departamento de Salud, tiene la capacidad de decirle al paciente los gramos que va a utilizar de ese producto y que si no le va bien aumente los gramos, entiendo que eso tenemos que estudiarlo; si realmente se está mirando la industria a favor del paciente, o si lo que queremos es tener marihuana recreacional escondida detrás de una certificación medica”.

De otra parte y a preguntas del presidente de la Comisión, el representante Jorge Navarro Suárez, ambos inspectores resaltaron que una de las dificultades mayores con la que se enfrentan a la hora de realizar su labor es la inconsistencia entre el sistema de rastreo digital de inventario que opera la compañía Biotrack, contratada por el Gobierno, y los productos que se encuentran físicamente en los dispensarios.

Por ello, en ocasiones deben realizar una inspección usando el sistema de vigilancia de vídeos o utilizar las bitácoras manuales que usan algunos dispensarios para llevar una contabilidad de lo que han vendido para ver dónde está el producto. Ante esto, Navarro Suárez señaló que se citará a esta compañía para que explique las razones para estas inconsistencias.

Tanto Adorno como Barredo explicaron que cada semana cada uno de los seis inspectores establece su plan de trabajo, en el que determinan qué dispensario, manufacturera o cultivo van a visitar, pero que estos planes pueden ser alterados por una confidencia o por instrucciones de José Quiñones, supervisor de esta división, quien será citado por instrucciones de Navarro Suárez.

También se dejó establecido en la vista, por parte de Rodríguez Aguiló, la necesidad de que se establezca un laboratorio de corroboración por parte del Gobierno sobre la cantidad de ingrediente activo en los productos manufacturados, ya que los inspectores solo certifican que el inventario que está en el sistema de rastreo esté en el lugar que le corresponde.  Esto porque no cuentan con los métodos para corroborar la información, solo lo que certifica el laboratorio que paga el manufacturero.

"Desde el día uno que radiqué la Resolución de la Cámara 1177 buscamos mejorar la industria del cannabis en beneficio del paciente. Queremos identificar aquellas áreas de deficiencia, si es necesario legislar o hacer recomendaciones”, explicó el legislador.

Para la próxima vista se anunció la comparecencia del Departamento de Hacienda y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas, que aportarán el componente económico a esta investigación.

CN