A cinco años de que se aprobara su elegibilidad para fondos de recuperación por los daños del huracán María, miles de iglesias aún no han logrado obtener los mismos, esto debido a la inacción de La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) y la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (COR3), por lo que no se descarta acudir a los Tribunales, trascendió el martes.

Así lo manifestó Iván Casals, quien por los pasados cinco años ha sido el asesor y portavoz de las comunidades de fe en Puerto Rico y de varios municipios. Dijo que ambas agencias han frenado las labores de rehabilitación debido a la inacción y mal manejo de los casos y de los reclamos planteados por éstos. Mencionó como uno de los ejemplos, el que aún no se les haya asignado  una división en la que se puedan evaluar estas organizaciones, cuya naturaleza es distinta a las reclamaciones del sector gubernamental  y de los individuos.

"En febrero del 2018 las iglesias o casas  de oración , fueron aceptadas para ser elegibles para recibir de forma retroactiva, los fondos federales disponibles a través de FEMA bajo el renglón de entidades sin fines de lucro; sin embargo, ambas agencias en todos estos años han obstaculizado la obtención de esos fondos, no han sido responsivos a nuestros planteamientos”, declaró Casals en declaraciones escritas .

Por su parte, el pastor Moisés Román,  presidente de la Fraternidad Pentecostal, estimó que el 40 por ciento de las iglesias en Puerto Rico sufrieron algún tipo de daño debido al paso del huracán María. "La Fraternidad Pentecostal la cual se compone de sobre 2,200 iglesias, no ha logrado arreglar el 10 por ciento de éstas,  debido a las condiciones impuestas por las agencias encargadas de distribuir los fondos’ puntualizó Román.

Mencionó como otro ejemplo el hecho de que se ha solicitado que a las casas de oración se les exima de la aportación del 10 por ciento del total reclamado, ya que, por tratarse de entidades sin fines de lucro, no cuentan con esa cantidad para iniciar las obras. "Solicitamos que se le adelante dinero de inmediato, como se les adelantó a todos los demás proyectos de la Isla para poder contratar asesores, consultores, ingenieros arquitectos y todas aquellas personas que los puedan llevar a concluir su proyecto”, mencionó el asesor.

Agregó que se solicitó a FEMA que provea un mecanismo automático para ajustar el concepto de inflación desde el momento en que hicieron los estimados originales hasta este momento en el que los precios son mayores.

"Hemos requerido además que se flexibilicen las reglas para la contratación, porque en Puerto Rico no se cuenta con la cantidad de contratistas, ingenieros, arquitectos y profesionales que estén disponible ya que están contratados en las obras que ya están en proceso a nivel privado y gubernamental”, subrayó Casals.

Otra de las entidades afectadas por lo que Casals denominó como falta de diligencia, es la Asociación de Miembros de la Policía Estatal, cuyo presidente José Taboada de Jesús tuvo que someter por segunda vez la reclamación de daños a la sede de la organización, ya que la primera se extravió y aún no le han podido dar un estatus de su caso.

Al mismo tiempo destacó que la labor que hacen estas iglesias en términos sociales se ha visto limitada, debido a que no han podido rehabilitar las estructuras afectadas por el huracán María, por lo que no se descarta la vía legal.

"Estamos emplazando a representantes de ambas agencias, para que en los próximos 30 días laborables, nos concedan una reunión donde haya representación de estas entidades porque de lo contrario recurriremos a los tribunales para que se haga cumplir con las disposiciones de la Ley Robert T. Stafford de Ayuda en Desastres y Asistencia en Emergencias”, declaró el asesor al referirse al estatuto que creó el sistema que está vigente en la actualidad mediante el cual una declaración presidencial de desastre activa la asistencia financiera y física a través de FEMA.

En el caso de COR3 es una entidad que creada tras el huracán María para recibir y distribuir los fondos federales disponibles para la recuperación de la isla. Parte de su gestión, es desembolsar a las agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro el dinero para los proyectos de reconstrucción asignados a través del Programa de Asistencia Pública de FEMA.