Gobierno recluta a 13 nuevos fiscales para luchar contra la incidencia de crímenes motivados por abuso de drogas

 Con la intención de reducir la incidencia criminal y el tráfico de drogas en la isla, el gobernador Pedro R. Pierluisi y el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, anunciaron el reclutamiento de 13 nuevos fiscales especiales para fortalecer el programa de salones especializados en casos de sustancias controladas, conocido como Drug Courts.

El programa atiende con una mirada salubrista a los acusados de cometer delitos no violentos, específicamente motivados por el trastorno por consumo de drogas y alcohol. Está basado en la corriente de justicia terapéutica, que procura una verdadera rehabilitación a través de herramientas y tratamientos efectivos que permitan reinsertar a las personas en la sociedad.

Los nuevos fiscales designados para atender los casos mediante el programa Drug Courts a través de los distritos judiciales en la isla, juramentaron hoy gracias a una asignación de 2.4 millones para atender el proyecto, entre otras iniciativas de impacto del Departamento.

"Los resultados de estas salas son claros: una gran mayoría de los participantes logra cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal y estos aprovechan los servicios y programas a los que son referidos. Más del 65%, tanto a nivel nacional como estatal, tienen resultados positivos cuando se compara con aquellos que se procesan en el sistema tradicional”, sostuvo Pierluisi.

Agregó que "la gran mayoría de los graduandos de las cortes de drogas permanece sin haber reincidido por al menos dos años luego de dejar el programa. Por el contrario, aquellos que son procesados en el sistema tradicional y entran en el programa de probatoria, casi la mitad vuelve a delinquir. Y de aquellos que son sentenciados a prisión, la mayoría vuelve a ser arrestado luego de salir de la cárcel. Estas estadísticas son impresionantes”.

Por su parte, el secretario de Justicia resaltó que la designación surge del firme compromiso del gobierno de implantar enfoques y estrategias para combatir el narcotráfico y la adicción a drogas procurando un cambio real.

"El trastorno de uso de sustancias controladas sin atender es, en muchas ocasiones, la razón detrás de la comisión de delitos no violentos y de la reincidencia criminal. La condición de adicción que no es atendida pronta y adecuadamente lleva al individuo a repetir conductas delictivas. En estos casos, el procesamiento criminal ordinario perpetúa el ingreso a las instituciones penales”, explicó Emanuelli Hernández.

A su juicio, "humanizar la ley y los procesos judiciales, atendiendo el aspecto emocional y sicológico, nos brinda resultados más favorables, porque no solo se rehabilita la persona sino su entorno familiar, al tiempo que disminuye la incidencia criminal y se renueva la sociedad, pues se detienen ciclos de violencia, abandono y delincuencia. Además, representa un ahorro al erario y alivia la carga de trabajo en el sistema de Justicia”.

La jefa de los fiscales, Jessika Correa González, indicó que "la designación de fiscales especiales permitirá una mejor identificación, atención y sensibilidad en el manejo de los casos, a la vez que se reafirmaría la misión y compromiso del Departamento de Justicia de participar en el proceso de recuperación y rehabilitación de personas acusadas de delito, con relación al uso y abuso de sustancias controladas”.

Los nuevos fiscales recibirán adiestramientos especializados por tres semanas enfocados en considerar al derecho y los procesos judiciales, como una fuerza social capaz de producir consecuencias terapéuticas, que fomenten el bienestar físico y emocional de las personas, sin subordinar otros valores del Sistema de Justicia.

"Drug Court” tuvo sus orígenes en Puerto Rico en el año 1991, en la región de Arecibo, Ponce y Aguadilla (luego fue transferido a Carolina, desde 1995). Posteriormente fue establecido en San Juan (1997), Bayamón y Guayama (2000), Mayagüez (2003), Humacao (2004), Fajardo (2008) y Caguas (2010). Al momento, el programa opera en 10 de las 13 regiones judiciales y cuenta con 870 participantes activos, aproximadamente.

El propósito principal es ofrecer un "desvío” al acusado a un programa en el que se le provea el tratamiento y la ayuda especializada necesarias para que supere su adicción a sustancias controladas. Esto permite que el acusado que tiene una condición adictiva no forme parte de la población carcelaria, lo que redunda en beneficio para él y su familia, además de constituir un ahorro para el erario.

Los imputados o acusados deberán cumplir con un sinnúmero de criterios para poder participar en el programa "Drug Court”. El delito por el cual se le procesa debe guardar relación causal con su condición adictiva, no puede tener un caso de distribución de sustancias controladas, no puede tener convicciones por delitos violentos y debe demostrar interés y compromiso en participar del plan de tratamiento que recomiende Assmca.

El fiscal tiene la responsabilidad de informar a la víctima del delito en qué consiste el programa y cuáles son las consecuencias, en caso de incumplimiento. INS