La comisionada residente, Jenniffer González Colón, informó el lunes, que radicó legislación federal para que los pequeños negocios en Puerto Rico tengan acceso a recursos para cumplir con la American with Disabilities Act (ADA), que pudiera beneficiar a unos 1.14 millones de adultos en la isla.

"Todos sabemos del problema de accesibilidad que las personas con discapacidades sufren en Puerto Rico. Tenemos mucha construcción vieja con accesos incómodos para las personas en silla de ruedas, estacionamientos sin rampas para acceder a los comercios, etc. Además, conocemos los problemas de la comunidad sorda en poder comunicarse adecuada e independientemente, si no es que llevan algún familiar con ellos. Para atender esta situación y mejorar la calidad de vida independiente de las personas con discapacidades en Puerto Rico, presentamos el proyecto H.R. 4026 para que los contribuyentes en los territorios puedan acceder a estas ayudas”, explicó González Colón en conferencia de prensa.

La comisionada residente radicó la medida en el Congreso, luego de discutir con la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñíz, alternativas para hacer cumplir las estipulaciones de ADA.

"Nuestro compromiso es atender a todas las comunidades incluyendo la comunidad sorda que ha estado en desventajas en este tiempo, pero que ahora gracias a estos proyectos de ley va a quedar, de ser invisibilizada, a una comunidad que va a estar siendo empoderada”, expresó Burgos Muñíz.

ADA, es una ley federal de derechos civiles, firmada en 1990 por el entonces presidente George Bush, que prohíbe el discrimen en contra de personas con discapacidades en todas áreas de la vida pública. Requiere que se hagan modificaciones a infraestructura para permitir la accesibilidad de personas discapacitadas y que los negocios y las organizaciones sin fines de lucro se aseguren de que se comuniquen de manera efectiva con las personas que tienen discapacidades de comunicación.

Aunque en Puerto Rico aplica la Ley ADA, los créditos y deducciones no aplican ya que en Puerto Rico no se radican planillas federales de contribución sobre ingresos.

La comisionada residente indicó que médicos han expresado las dificultades que tienen al entrevistar pacientes sordos que no se sienten del todo cómodos hablando con toda franqueza con su padre o su hijo en la consulta. Del mismo modo, los abogados que atienden personas con discapacidades de comunicación que dependen de un familiar de algún acusado en una entrevista que se supone que sea confidencial. Estos médicos y abogados comentan que los costos de contratar los servicios para tener el grado de comunicación efectiva que quisieran son demasiado para los ingresos limitados que derivan de sus servicios.

En Puerto Rico, se accederían a estas ayudas mediante un mecanismo similar al del crédito por menor o CTC, o sea, mediante la radicación de una planilla federal que reclama un crédito reembolsable bajo cualquiera de las secciones aplicables. Esta medida se trabajó con el National Association of the Deaf.