Anuncian proyecto para creación de Oficina de Protección y Defensa de Personas Impedidas

El senador Carmelo Ríos, del Partido Nuevo Progresista (PNP) anunció hoy la radicación de una medida de su autoría que propone la creación de la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos.

"Aunque en la actualidad existe la Defensoría de Personas con Impedimentos, lo cierto es que durante los pasados años, su incumbencia se ha visto plagada de irregularidades y señalamientos por parte del gobierno federal”, apuntó el legislador.

Ríos aseguró que si no se actúa con premura, esa oficina podría perder millones de dólares en fondos federales.

"Es urgente la aprobación de una legislación con la que se establezca una entidad pública independiente, que opere exclusivamente conforme a los requerimientos de las leyes federales.  Así se logrará que los fondos no estén catalogados como de alto riesgo, se mantenga el personal y las instalaciones para ofrecer los servicios. Además, que garantice la protección y defensa que tanto necesita esta población”, afirmó el político.

Añadió que "la implementación de un programa federal exigido para la subvención de los fondos no puede depender de las decisiones administrativas del estado ni afectarse por la dinámica y controversias de la dirección de la defensoría ni cualquier otra entidad que brinde servicios, como ha sucedido hasta el momento. Con esta ley se viabiliza una política pública enfocada en aumentar la autonomía, fiscalización y rendición de cuentas”.

El Proyecto del Senado 48 detalla que la oficina velará y tomará acciones en contra del abuso, la negligencia u otras formas de negación de derechos y garantizará que se establezcan e implementen los programas requeridos para personas con impedimentos.

Además, el organismo contará con una junta de directores, que estará al pendiente de la gobernanza, autonomía, transparencia, rendición de cuentas y fiscalizará el cumplimiento de las metas. La junta constará de 13 miembros, la mayoría de los cuales deberán ser representantes de la población de personas con impedimentos y conocedores de este tema.

Entre las facultades que tendrá la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos está proveer asistencia legal o administrativa que garantice la protección y defensa de sus derechos. Investigar incidentes de abuso o negligencia y capacitar a funcionarios sobre derechos de esta población, entre otros.

Según datos del Censo 2010, se estima que en Puerto Rico hay cerca de 900 mil personas que padecen algún tipo de impedimento, lo que representa un cuarto de la población de la isla.