El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia culpó el jueves a la Legislatura por la pérdida de millones de dólares en fondos federales por la tardanza en aprobar el proyecto "Family First”.

"Bueno, ahí lo que pasa es que el proceso legislativo tardó mucho. Entonces, aunque el Departamento de la Familia ya estaba adelantando el proceso de reclutar trabajadores sociales y hoy día tenemos 80 nuevos trabajadores sociales y 40 nuevos técnicos de familia. Obviamente, mientras la ley no estuvo aprobada, pues sí se perdió acceso a fondos federales”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Según el gobernador, hubo dos asuntos que trancaron la aprobación del proyecto en la Asamblea Legislativa.

"Lo que decían era que no se podía aprobar esa legislación porque no tenía (El Departamento de la) Familia, los recursos necesarios. Y ahí lo que hicieron fue básicamente perder el tiempo, porque tan pronto ya Familia estaba trabajando en el asunto de reclutar trabajadores sociales, la Junta permitió que se aumentará el salario de los trabajadores sociales hasta por más de 2,700 dólares al mes, un aumento de más de 1,100 dólares. Y a base de todo eso que estaba haciendo Familia, algunos en la Legislatura decían No, esto no se debe aprobar ahora. O sea que ahí se perdió muchísimo tiempo. Hubo también reservas en cuanto al lenguaje como tal. Al final se resolvió, pero reconozco que lo que pasó fue que, pues el proceso legislativo tardó mucho”, afirmó.

El asunto del lenguaje que provocó parte del tranque en el proceso legislativo tuvo que ver con la inclusión de la palabra "equidad” la cual no fue del agrado en particular del portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny” Méndez Núñez.

La Ley ‘Family First Prevention Services’ es una legislación federal que potencia el bienestar y la prevención en familias, con el objetivo de minimizar la colocación de menores en hogares de cuidado sustituto, a menos que sea absolutamente necesario.

Esta ley impone restricciones en la asignación de fondos federales para los procesos de reubicación y reembolsos asociados con la colocación de menores en entornos de cuidado grupal, promoviendo que los menores permanezcan con sus familias o en entornos familiares cuando sea posible. La ley responde a la inquietud de que la mayoría de los fondos federales destinados al bienestar de menores se destinan y están disponibles solo tras la extracción de un menor de su hogar. Para abordar esto, la ley modifica el programa federal de cuidado sustituto para respaldar programas en el hogar basados en habilidades de crianza, la prevención y tratamiento de abuso de sustancias y problemas de salud mental, y programas de apoyo y acompañamiento al cuidador.

Por su parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago reaccionó a las declaraciones del gobernador.

"Sobre los comentarios del gobernador y de la secretaria del Departamento de la Familia puedo decir que es el resultado de una combinación entre la dejadez de su Gobierno, la obstinación de los representantes del PNP de cambiar algún lenguaje.

En primer lugar, en la implementación del "Family First”en todas las jurisdicciones y territorios de los Estados Unidos de América debían establecer un plan de acción con fases y métricas de cumplimiento desde su aprobación en el 2018.

En el caso de Puerto Rico, fue una de las jurisdicciones que solicitó prórroga para completar los procesos. Dicha prórroga les venció 1 de octubre de 2021, lo cual incluía el tener lista la legislación correspondiente.

Sin embargo, no fue hasta treinta y seis (36) días antes de la fecha de vencimiento del plazo, el 25 de agosto de 2021 establecido para que Puerto Rico y otras jurisdicciones estuvieran en cumplimiento lo cual fue 1 de octubre de 2021 que el Gobernador envió un proyecto a la legislatura para atender este asunto, pretendiendo se aprobara una legislación "fast track” sin análisis. De ahí se realizaron Vistas Públicas y todas las entidades participantes, sobre 10, presentaron enmiendas técnicas y sustantivas para mejorar la legislación presentada, incluyendo enmiendas que sometió el propio Departamento de Familia.

Posteriormente, algunos legisladores del PNP y otros partidos mantuvieron secuestrada la aprobación de la legislación buscando eliminar la política pública de no discrimen de la legislación.

De otra parte, el gobernador de Puerto Rico no hizo una sola gestión, para que sus legisladores entendieran la importancia de esta legislación y dejarán la actitud de dilatar los procesos”, expresó Dalmau Santiago en declaraciones escritas.