Representantes populares piden a Johnny Méndez a que declare ante Justicia sobre el proyecto Viewpoint y Pedro Pierluisi
Los representantes populares instaron el viernes al presidente de la Cámara, Carlos "Johnny” Méndez Núñez a que acuda al Departamento de Justicia y explique el por qué se sintió amenazado ante el presunto intento de Pedro Pierluisi de detener la investigación legislativa en torno al proyecto de viviendas a bajo costo de Viewpoint al Roosevelt en Hato Rey.
"Son los miembros que estuvieron en la reunión que son los que pueden ratificar por qué razón se sintieron amenazados. Es un asunto que exclusivamente puede ser admisible por las personas que recibieron la amenaza y las personas que estuvieron en la reunión. Eso obliga a que para continuar con los procedimientos de investigación, el presidente de la Cámara llegue aquí, queda emplazado a que aclare al país y le diga la verdad de lo que ocurrió en la reunión”, dijo Hernández Montañez a preguntas de la prensa.
Por su parte, el representante Luis Raúl Torres señaló que el presidente cameral debe pronunciar si sostendrá los señalamientos que realizó el 2 de agosto sobre el asunto en medio de una vista pública en la que se confirmaba a Pierluisi como secretario de Estado.
"Es importante que el presidente de la Cámara le diga al país si él va a sostener su palabra, la que dijo en vista pública el 2 de agosto o si va a sostener la palabra que dijo ante los medios de noticias y al pueblo de Puerto Rico de que él se había sentido de que Pedro Pierluisi había ido a detener una investigación legislativa o si no va a venir a cooperar como testigo de un acto ilegal y de corrupción ante el Departamento de Justicia”, dijo Torres al añadir que, "si yo fuera el presidente de la Cámara, sería el primero en estar aquí”.
Los representantes del PPD acudieron ante el Departamento de Justicia, citados por la fiscal Fabiola Acarón Porrata Doria en la que discutieron una querella que radicaron contra Pedro Pierluisi.
El jueves, tras una extensa investigación que reveló un sinnúmero de violaciones e irregularidades en los procesos de contratación y permisos en el proyecto Viewpoint at Roosevelt en Hato Rey, la Cámara de Representantes acogió el Informe Final de la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud sobre la pesquisa, con la recomendación de que se refieran los hallazgos al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Este Informe de 55 páginas es el resultado de la investigación ordenada mediante la Resolución de la Cámara 1201 de la autoría del Presidente de la Cámara, Carlos "Johnny” Méndez Núñez, y fue presentado al pleno por el representante Eddie Charbonier Chinea, presidente de dicha Comisión y también autor de la medida. El documento tiene el recuento de los pormenores de los incumplimientos y el tracto contractual de los pasados 16 años entre el desarrollador Eduardo Nevares Chaulón, de la firma Nevares & Villavicencio, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Al agradecerle a los miembros de la Comisión por el trabajo logrado, el presidente del cuerpo, Méndez Núñez, destacó en comunicación escrita que "esto es un proyecto que se comenzó hace más de 10 años. Varias empresas se acercaron al Gobierno para presentar propuesta para ese lugar. Bajo el mandato de Alejandro García Padilla se firmó un contrato confidencial”.
Además, mencionó que en medio de la investigación "recibimos visitas de cabilderos. Este servidor y Eddie Charbonier fuimos firmes en que íbamos a terminar con la investigación. La verdad está contenida en el informe. Hemos aprobado legislación para corregir. No nos vamos a ir en investigaciones vagas. Haremos lo que es correcto. Ese es el norte de esta Cámara y de esta administración…”.
Charbonier Chinea dijo que "es importante señalar la preocupación del manejo sobre la propiedad pública del Estado". Asimismo, destacó que tanto Justicia como la Oficina del Contralor profundicen sobre la posibilidad de conductas delictivas de algunos de los funcionarios públicos y personas del sector privado involucrados en todo el proceso, y que hubiera un menoscabo al erario público, por ingresos dejados de percibir.
El Informe señala que "el desarrollador continúa con la ocupación y no solo ocupa, sino que explota económicamente el terreno, propiedad del estado, sin legitimación para hacerlo. Según información provista a esta Comisión, durante la filmación de una película, los camiones (trailers) y camerinos de los artistas y de la producción ocuparon gran parte de la parcela y entendemos que alguien le pagó por dicho alquiler, sin compensar de manera alguna al Estado; sin que dicha actividad lucrativa estuviese contemplada contractualmente”.
Por otro lado, ponderó que el Desarrollador también tiene ubicado en los predios sus oficinas administrativas y de manejo de proyectos y, se comprobó que View Point fue desarrollado desde dichas instalaciones sin que se compensara al estado por ese uso; lo que no está contemplado en el contrato al que hace referencia.
"Nótese que conforme las constancias de los récords que examinamos en el DTOP, el Desarrollador ha utilizado una infinidad de diferentes personas jurídicas, que no son los que originalmente licitaron, otro asunto que abona al hecho de que toda tenencia o derecho del licitador originalmente había cesado”, concluyó el representante Charbonier Chinea en el escrito.
El portavoz de la minoría del Partido Popular, Rafael "Tatito” Hernández Montañez, en su turno sostuvo que "lejos de aclarar el asunto, siembra más dudas. El Informe no contiene señalamientos puntuales de las influencias indebidas… No tiene un referido formal a los foros pertinentes. El legislador informante estuvo 15 meses hablando de personas de la Junta y no los refirió…”.
A su vez, el representante del Partido Independentista, Denis Márquez Lebrón, puntualizó que "el Informe se debió haber redactado en un ámbito diferente con el listado de determinaciones de hechos, pero están múltiples hechos probados a través del Informe… en términos de los contenidos de hallazgos y conclusiones aquí a través a de las vistas públicas logramos reconocer que en la Junta de Control Fiscal había sectores de esa entidad que tenían interés en este proyecto (de Viewpoint). Si realmente hay voluntad, hay que investigar las acciones del personal del DTOP y su relación con esta investigación y que no se quede este Informe engavetado en Justicia”. A este se unió el representante Manuel Natal quien ponderó que "el contrato debe cancelarse inmediatamente”.
CN



