Exigen extraordinaria para sacar nuevas exigencias a notarios en ley que regula procesos de bienes raíces

 La presidenta del Colegio de Abogados Daisy Calcaño López, le pidió el sábado al gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia que incluya en una sesión extraordinaria enmendar la  Ley 52-2022, porque a su juicio ha puesto a los notarios a hacer el trabajo de los empleados del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).

"Nuestra   solicitud  al señor  gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia  es que cite  a una sesión extraordinaria  para enmendar  la  Ley 52 de 2022, eliminando  el  Artículo  86 de la misma que enmienda a su vez el Artículo 11 de la Ley Notarial.  El llamado a la Asamblea Legislatura es   que  atiendan este asunto con la urgencia requerida. Esperar  a la sesión  ordinaria  de mediados  del mes  de agosto  tiene un costo  económico  para todas las partes, especialmente  para  los  constituyentes”,  dijo Calcaño López en declaraciones escritas.

Según Calcaño López las enmiendas a la Ley Notarial son similares a las contenidas en el Proyecto de la Cámara 827, que fue protagonista de la controversia entre los presidentes legislativos durante la aprobación del presupuesto.

"Las enmiendas  a la Ley Notarial tienen  su génesis  en la  actualización de las tasaciones de los inmuebles que  le  están requiriendo al CRIM.   Nos fuerza a  concluir  que  con estos  requisitos se le está   haciendo el trabajo de  tasación que  le corresponde al CRIM.

A juicio de la licenciada, la Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico  "impone   una carga  onerosa  en el proceso de   disponer  del título de los bienes  inmuebles”.

El Artículo 86 de la medida, dispone que, en toda transacción de compraventa, donación, cesión, permuta, traslado, segregación, agrupación se requiera una tasación  de la Propiedad  inmueble realizada por un tasador licenciado, estudio de título y un plano de mensura (plot plan). "El estudio de  título    ha  sido  requisito por ley; inclusive  se incluye  como parte del contenido de las  escrituras  sobre  el traslado o disposición de  bienes  inmuebles.”

Como consecuencia, varias transacciones de bienes raíces se paralizaron.

"Esta medida  no debió  incluir  esa  enmienda   a la  Ley Notarial.   El efecto es que impone  un costo oneroso a la  ciudadanía  que  desea  vender su propiedad y se ve obligada  a   contratar  un agrimensor  y un tasador.  Más  aun,   trastoca  inclusive  a municipios  y  al Departamento de Vivienda   cuando   otorga  las escrituras  de viviendas  y  solares de interés social.    Ayer  quedaron   detenidos  los  negocios  jurídicos  de bienes inmuebles   donde   no se  tiene  ni tasación ni plano de mensura.    La disponibilidad  de contratar  tasadores y agrimensores, en estos  tiempos   es difícil.   La tardanza y  el costo en   completar  estos  requisitos  desalienta  a la ciudadanía y trastoca  el  tráfico  jurídico de los   negocios    sobre bienes  inmuebles  e impone   cargas adicionales  al ejercicio de la notaría. Urge  además  expresiones  de la Oficina de Inspección de Notarías  sobre las  nuevas instrucciones  a los notarios y notarias,  expresó  Calcaño López.

" Sin lugar a duda,   una  enmienda  de esta  naturaleza  incluida  en   la etapa  de conferencia  entre los dos  cuerpos  legislativos,  sin  informarlo  a la ciudadanía,  a los y las afectados, es una práctica lesiva que va en detrimento al  sano  ejercicio de la democracia.  Ello, sin menoscabar la  soberanía de los  cuerpos legislativos”,  añadió.