La Ley Promesa no es la opción dice Pedraza Leduc
A semanas de cumplirse tres años de aprobarse la Ley PROMESA, la Coordinadora Sindical (CS) denunció el jueves, la "confusión y desinformación” que predomina en la Isla ante los llamados pre-acuerdos entre la Junta de Control Fiscal (JCF), sindicatos estadounidenses con representación en Puerto Rico y el comité de pensionados.
"Ello, junto a la aparente pugna entre el gobernador y la JCF de la cual el gobernador Ricardo Rosselló es parte y ha dicho que coincide en 95 por ciento con sus acciones y decisiones. Son precisamente esos asuntos los que distraen al pueblo y funcionan como cortina de humo ante la realidad política que implica la Ley PROMESA. El verdadero problema de Puerto Rico es la ausencia de poderes políticos y la imposición del Congreso de los Estados Unidos al decidir que es el pueblo quien tiene que pagar una deuda que fue planificada, no auditada y legislada mediante leyes federales y promovidas por banqueros, casas de corretaje y gobiernos coloniales”, expresó Luis Pedraza Leduc, portavoz de Coordinadora Sindical en declaraciones escritas.
"No podemos olvidar que el verdadero problema que tenemos es el yugo colonial que permite que se imponga una JCF en la Isla y que además, nos obliga a pagar su presencia y sus asesores privados con gastos que ya sobrepasan los 400 millones de dólares en tan solo tres años fiscales. Es esa Junta la que para cobrar la deuda ha comenzado a despojar a nuestro pueblo de servicios de educación, salud, seguridad social, lo cual atenta contra nuestros derechos humanos. A la clase trabajadora nos arrebata derechos y beneficios logrados mediante negociación colectiva, nos congela los convenios, nos prohíbe la negociación colectiva y nos desmantela a través de legislación el andamiaje legal de la ley protectora del trabajo. Es así como un gobierno, realmente afín a la JCF, comienza también a legislar para beneficiar inversionistas millonarios, grandes empresarios privados e impulsa la venta de activos del gobierno que son parte de nuestro patrimonio nacional edificado. De esa manera nos despojan de lo que nos pertenece como pueblo”, añadió.
El dirigente sindical señaló que mientras el pueblo puertorriqueño va perdiendo cada vez más derechos y patrimonio, en el Congreso estadounidense el debate partidista entre demócratas y republicanos deja de lado la situación de la Isla sin asumir responsabilidad por la condición colonial que padece Puerto Rico y que representa el verdadero problema. Denunció además que los cómplices de esa situación están también en la Isla.
"Mientras los que suscribimos esta declaración hacemos esfuerzos por lograr una amplia red de oposición a la Ley PROMESA y las políticas de ajuste fiscal y estructural que está implementando la JCF y el gobierno, otros sectores sociales confunden y obstaculizan nuestra intención al anunciar supuestos pre-acuerdos con la Junta. Exhortan a los sectores que dicen representar a que apoyen estos pre-acuerdos en un acto de fe y bajo engaños. Así se van convirtiendo esos pre-acuerdos en un acto para dividir al pueblo y legitimar la Ley PROMESA y las actuaciones de la Junta. Mientras el gobierno de turno aparenta tener diferencias con la JCF, participa en ella, paga su presupuesto y asesores y le consulta y aprueba leyes sin mayor contradicción. A fin de cuentas, es desde el gobierno que se reconoce y acepta la colonia como un mal menor que permite a los políticos de turno privilegios y beneficios”, denunció Pedraza Leduc.
La Coordinadora Sindical hace un llamado a decirle de manera firme no a la Ley PROMESA, a la JCF y a sus actos, a las propuestas y legislaciones del gobierno que solo benefician a bonistas y acreedores.
"Repudiamos a quienes intenten lavarle la cara a la Ley PROMESA, a la JCF, al Congreso imperialista y sus lacayos. Nos comprometemos a continuar denunciando la Ley PROMESA, cómo nos afecta a todas y todos y a continuar exigiendo su derogación. La deuda no es del pueblo de Puerto Rico. La deuda es responsabilidad de Estados Unidos que nos mantiene como colonia. Los supuestos pre-acuerdos alcanzados son recursos legales que pretenden adornar el verdadero desastre que representa la Ley PROMESA haciéndonos responsable de lo que es un problema político que urge atender”, concluyó Pedraza Leduc.
CN
