La Comisión de Gobierno, que preside el representante Jorge Navarro Suárez, retomó el miércoles la investigación que realiza sobre el manejo de los fondos, las inversiones y el funcionamiento interno de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA), bajo la Resolución de la Cámara 1386.

En esta ocasión compareció, bajo juramento, la agrónoma Zoraida Martínez Ramos, quien aseguró que su rol en la propuesta del Café Mi AEELA era "como consultora, era buscar quien supliera el café para el proyecto”. Así lo afirmó acompañada por su representación legal, la licenciada Mayra López Mulero.

Como parte del interrogatorio, Martínez Ramos confirmó que el agricultor Eduardo Hernández fue el primero, de varias propuestas, en presentar la oferta para el Café Mi AEELA ante el Comité Ejecutivo del organismo.  "Él hizo la presentación de su producto incluyendo la disponibilidad del café”, dijo la agrónoma al ser interrogada por el Presidente de la Comisión. Además, afirmó no tener ningún vínculo con la Cooperativa Agro-Comercial.

En esa misma línea, el representante Navarro Suárez indagó acerca de la participación de Hernández ante el Comité Ejecutivo, a lo que Martínez Ramos expuso que no estuvo presente. "Ese día de la presentación, yo estuvo en mi oficina y tengo evidencia”, aseveró Martínez Ramos, quien trabaja para el Departamento de Agricultura (DA) como agrónoma y en su tiempo libre realiza consultoría en proyectos de esa magnitud.

En cuanto a la confesión que hizo el agricultor Hernández en la vista pública pasada sobre que Martínez Ramos solicitó el 20 por ciento de las ventas netas de todo el café, la Agrónoma sostuvo que, "eso es totalmente falso”.

Antes de finalizar, la abogada López Mulero exhortó al agricultor Hernández "a que produzca las alegaciones que está haciendo contra la reputación de mi representada y que vaya a los foros correspondientes”.

Por otro lado, como parte de los trabajos legislativos del día, la Comisión de los Jurídico, que preside la representante María Milagros Charbonier Laureano, atendió el Proyecto de la Cámara 947, que busca enmendar la Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 2009, a los fines de disminuir de 15 mil a 10 mil dólares, excluyendo intereses, la cuantía máxima permisible en las reclamaciones judiciales tramitadas bajo el amparo de dicho mandato.

La asesora legal de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), Luccianna Rechani, no objetó la enmienda propuesta, a su vez, sugirió a que "se pondere establecer la vigencia de la ley a los 30 días de su aprobación, en lugar de la vigencia inmediata que se propone”.

Mientras, la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, disintió del proyecto de ley porque "tendría el efecto de retroceder en este objetivo, lo que evidentemente resultaría en costos y cargas adicionales al sistema de justicia en Puerto Rico”.

La pieza legislativa es de la autoría del vicepresidente cameral, José "Pichy” Torres Zamora.

CN