Senadora investiga programa retiro voluntario
La presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Migdalia Padilla Alvelo, sometió ante el Pleno del Senado, el Primer Informe Parcial, sobre la Resolución del Senado 570 de su autoría, que le ordena a la Comisión de Hacienda del Alto Cuerpo realizar una investigación abarcadora sobre la efectividad e implementación de la Ley Número 211-2015, conocida como "Ley del Programa de Preretiro Voluntario”.
"Esta legislación se aprobó bajo la premisa de reducir costos y lograr economías en el gobierno y buscaba una reducción en la plantilla de empleados públicos, y ahorrar el 40 por ciento del salario de los empleados más beneficios marginales, así como otras partidas que tuviese que desembolsar la entidad pública de mantener al pre retirado como empleado activo en el Gobierno.
A su vez, como norma general, los puestos que quedaran vacantes con la implantación del Programa serían eliminados, salvo que la Oficina de Gerencia y Presupuesto autorizara lo contrario”, explicó la legisladora en declaraciones escritas.
La investigación busca conocer, sin que se entienda como una limitación, los empleados que se acogieron a los beneficios del Programa; los ahorros alcanzados por las entidades gubernamentales y municipios, así como los proyectados a largo plazo; los traslados y nuevos reclutamientos autorizados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto o por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales; y los puestos vacantes y eliminados como resultado de dicho Programa.
Precisó que la Comisión de Hacienda comenzó sus vistas públicas sobre esta medida hallando que muchos empleados públicos tenían varias interrogantes relacionadas al estatus de los trabajos concernientes al Pre-retiro como, por ejemplo: ¿Cuántos empleados públicos solicitaron participar en el Programa?, ¿Qué agencias culminaron los trabajos inherentes al Programa y cuáles son los ahorros presentados?, ¿En qué estatus están los actuarios?, entre otras interrogantes presentadas.
Entre los empleados que han desfilado en las vistas públicas, según se desprende del Informe, está Carlos M. Milán Rodríguez quien expresó que es empleado regular del Municipio de Cidra y que desconocía el estatus de su solicitud de pre-retiro debido a que estaba en espera de la aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
También se recibió una comunicación enviada a la Oficina del Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de un grupo de empleados del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), solicitando ayuda y auxilio para acogerse al Pre-Retiro, e investigar la razón de la negativa Carlos M. Contreras Aponte, Secretario del DTOP, a que 90 empleados se acojan al Pre-Retiro, si el mismo cumple con lo requerido por la Junta de Control Fiscal (JCF), con la política pública del Gobernador y logra unos ahorros para el Gobierno, establece en el Informe.
"Han sido muchas las interrogantes que han planteado los empleados públicos que deseaban participar de dicho Programa. En sus ponencias, señalan el cumplimiento con los requisitos requeridos en Ley, evidencian las gestiones realizadas, suministran datos estadísticos, entre otros documentos relacionados al proceso. Sin embargo, han cuestionado el proceso, y como otros empleados de otras agencias o corporaciones comenzarán a disfrutar del Programa de Pre-Retiro, teniendo éstas, deudas y planes de pago, entre otras interrogantes”, expresó la legisladora.
CN
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