Un proyecto de ley refrendado por la mayoría de la Cámara de Representantes y que busca establecer una licencia especial sin paga para que los empleados públicos y de la empresa privada puedan atender situaciones personales o familiares por un acto de violencia doméstica o de género, maltrato de menores, hostigamiento sexual en el empleo, agresión sexual, actos lascivos o de acecho fue apoyado sin reservas, el miércoles, por todas las agencias gubernamentales citadas.

Comparecieron a la vista la procuradora de las Mujeres, los departamentos de Justicia y del Trabajo, la Oficina de la Administración de los Recursos Humanos y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

Específicamente es el Proyecto de la Cámara 2007 bajo la firma de todos los miembros de la mayoría novoprogresista, que fue a vistas públicas de la Comisión de Asuntos de la Mujer que preside la vicepresidenta cameral Lourdes Ramos.

Ramos expresó de entrada que a pesar de incontables medidas que promueven la protección de víctimas de estas modalidades de violencia, muchas de ellas se han visto coartadas de la ayuda que proveen estas leyes en sus lugares de empleo por la interpretación limitada que algunos patronos han decidido adoptar a favor de sus empleados.

Siendo así, expresó la líder cameral, que mediante  el P de la C 2007 se concederán 15 días sin sueldo anuales a estos empleados, para contribuir a que puedan atender las situaciones de violencia identificadas al proveerles un acomodo razonable o condiciones flexibles de trabajo.

"Reafirmamos nuestro compromiso de establecer mecanismos que permitan a quienes sufren situaciones de violencia doméstica o de género, tener acceso a todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida, propiedad, bienestar, o la de un familiar que se encuentre sumido en una situación de violencia física o emocional”, sostuvo en comunicación escrita.

La Procuradora de las Mujeres, licenciada Lersy Boria, apoyó "a viva voz” la iniciativa. Puntualizó que la legislación propuesta es una de avanzada, ya que Puerto Rico sería la 17ma jurisdicción en la Nación que legisla una licencia especial para situaciones de violencia doméstica o de género.

Insistió Boria que uno de los méritos del proyecto es que facilita que los empleados afectados se recuperen de la situación personal por la que atraviesan, aumentando posteriormente su productividad en el trabajo.

"Según el Centers for Disease Control and Prevention, las víctimas de violencia doméstica o de género a nivel nacional pierden anualmente un total de 8 millones de días de trabajo productivos. El equivalente a 32,000 trabajos a tiempo completo”, consignó la funcionaria.

La licenciada Mairís A. Cassagnol, Secretaria Auxiliar de Asesoramiento y en representación de la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, estableció que la medida responde a un interés apremiante del estado de proteger las víctimas de situaciones de maltrato. "Estamos convencidos de que eta pieza legislativa representa una herramienta adicional para las víctimas que les permitirá recurrir a un albergue, solicitar órdenes de protección o radicar cargos criminales sin miedo a perder sus empleos o ser afectados adversamente por sus patronos”, lee la ponencia de Justicia.

La licenciada Naihomy Alamo, Procuradora del Trabajo en representación del Secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, expresó el convencimiento de la agencia sobre las bondades del proyecto: "Estamos convencidos de que una legislación efectiva que le conceda licencia especial a las víctimas de maltrato ayudará a promover que se denuncien estos actos, que las víctimas busquen ayuda y salgan de situaciones de riesgo o ciclos de violencia sin perjudicar su estabilidad laboral”.

Mientras, la licenciada Diocelyn Rivera, asesora legal de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), también apoyó sin reservas la medida.

"Esta medida imparte unas protecciones y garantías al empleado o empleada afectado para que pueda vislumbrar la solución su situación, el amparo disponible y que cuenta con soluciones viables que le permitan paz y certidumbre en las decisiones que determine. Estimamos que el proyecto es un mecanismo adecuado que le provee al trabajador o trabajadora afectada el especio necesario para que pueda recibir las ayudas más inmediatas a la situación intrafamiliar que experimenta”, manifestó.

En tanto, el licenciado Carlos Yamín de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), tras favorecer la medida, dictaminó que en su análisis, no debe afectar adversamente al fisco ni las operaciones gubernamentales.

"Entendemos que el P de la C 2007 es compatible con el Plan Fiscal certificado y no debe encontrar oposición de la Junta de Supervisión Fiscal”, aseveró.

CN

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