Presentan medida que busca proteger de empleo a pacientes certificados de cannabis medicinal

Los representantes Jesús Manuel Ortiz, Rafael "Tatito” Hernández, Ramón Luis Cruz, Héctor Ferrer y Orlando Aponte presentaron el PC 152, que prohibirá a los patronos discriminar contra empleados que sean pacientes registrados y autorizados para utilizar cannabis medicinal.

"Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos existen leyes estatales que permiten la utilización de cannabis medicinal a pacientes autorizados y debidamente certificados por el Estado. Sin embargo, no en todas las jurisdicciones existen leyes de protección laboral para proteger a empleados o aspirantes a empleados de discrimen por dar positivo a cannabis a raíz de algún medicamento que necesiten para atender sus condiciones”, señaló Ortiz.

El proyecto establece que los pacientes registrados serán considerados una categoría protegida en todas las leyes de protección de empleo en Puerto Rico.

"El hecho de ser pacientes tratando sus condiciones con cannabis medicinal no puede ser excusa para ser discriminados en el empleo. Nuestro objetivo es proteger a los empleados de ser penalizados por aprovechar un tratamiento médico que puede ser la mejor o única forma de alivio disponible para sus respectivas condiciones”, aseguró el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Asimismo, explicó que aunque la Ley 42-2017 permite el uso del cannabis medicinal, no protege a los empleados que lo utilizan de ser penalizados por aprovechar el tratamiento. Por eso, con esta medida se busca atemperar el estado de derecho para proteger al empleado-paciente.

"La aprobación de este proyecto le daría la tranquilidad al empleado-paciente de beneficiarse del tratamiento de cannabis medicinal sin temor de ser penalizado y hasta despedido de su empleo. Incluso, la medida protege al paciente desde el proceso de reclutamiento y contratación”, añadió el representante.

La medida incorpora ciertas excepciones a la protección del empleado-paciente si el patrono logra probar que la utilización del cannabis medicinal representa peligro o interfiere con sus funciones de trabajo; pone en riesgo una certificación o permiso expedido por el gobierno federal; o el empleado ingiera los medicamentos en horas laborables sin autorización, entre otras.