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Piden al secretario designado del DACO unir esfuerzos para regular industria del gas licuado

Publicado: Diciembre 19,2022 4:58pm
 Piden al secretario designado del DACO unir esfuerzos para regular industria del gas licuado

 La presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor en la Cámara de Representantes, Estrella Martínez Soto, invitó el lunes, al secretario designado del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo a unir esfuerzos para exigir al Senado, la aprobación del Proyecto de la Cámara 899, que busca crear la "Ley para la Fiscalización de la Industria del Gas Licuado del Petróleo y el Gas Natural”.

"El Proyecto 899, atendido por esta servidora, persigue robustecer las capacidades fiscalizadoras de la agencia y establecer un procedimiento expedito para que el Departamento de Justicia atienda los referidos relacionados a la industria del gas licuado. Hemos sido diligentes en la atención de esta medida y extendemos una invitación al secretario designado a que se una a los esfuerzos de mi Comisión para que la medida sea aprobada en el Senado durante la próxima sesión ordinaria que da comienzo en el mes de enero”, destacó la representante de los municipios de Aibonito, Coamo, Juana Díaz, Santa Isabel y Salinas en declaraciones escritas.

La legislación propuesta por Martínez Soto fue aprobada de manera unánime en la Cámara de Representantes el pasado mes de abril de 2022.

Según la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara 899, actualmente, la situación en Puerto Rico es particular, ya que para el 2019, la empresa Puma abandonó el mercado del gas licuado, quedando el mismo en manos de dos empresas: Empire Gas, quien controla el 75 por ciento del mercado, y Tropigas, que controla el 25 por ciento.

La autora de la medida insiste, que esa realidad en el mercado es de gran preocupación "pues dicha constitución del mercado provee las condiciones perfectas para que se dé un monopolio, se establezcan precios arbitrariamente, y se vulnere los derechos de los consumidores”, rezó la argumentación de la legislación.

Durante la pandemia del COVID-19, para diciembre de 2020 el precio del gas licuado aumentó en 3.00 dólares por tanque de 100 libras. Esto, sin cumplir con los procesos establecidos por el DACO para estos asuntos.

Luego de una investigación sobre el aumento al tanque de gas licuado, la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia determinó que una de las empresas mayoristas de gas licuado incurrió en prácticas ilícitas de discrimen en precios.

La legislación propuesta por Martínez Soto establece un término de 180 días para que el Departamento de Justicia atienda los referidos relacionados a la industria del gas licuado.

El Proyecto de la Cámara 899 fue atendido en vistas públicas y la Comisión de Asuntos del Consumidor consideró ponencias del DACO, Departamento de Justicia, Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP), Federación de Distribución de Gas Unidos de Puerto Rico (FEDIGAS), Asociación de Industriales del Plan, Tropigas de Puerto Rico, Inc., Empire Gas Company, Inc., y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE).

"Luego de un proceso evaluativo sobre el contenido vertido en las vistas públicas, esta Cámara de Representantes continúa entendiendo meritorio adoptar urgentemente la presente Ley, a fin de dejar claro las obligaciones de informar y de cumplir con las órdenes de DACO que tienen todos los miembros de la industria del gas licuado en Puerto Rico, a la luz de las leyes y reglamentos de DACO vigente”, resaltó Martínez Soto.

El proyecto busca establecer regulaciones y obligaciones para toda la cadena de distribución en la Industria del Gas Licuado. Incluyendo la desvinculación de los mayoristas en las operaciones de los negocios de distribución o venta al detal. La pieza legislativa obliga a los importadores y distribuidores, que, en un término no mayor de 18 meses, deberán disponer de aquellos negocios en los que exista algún tipo de relación con la venta al detal. Además, exige la obligación de proveer facturas detalladas a cada cliente.

Por último, se le impone un término de noventa días al Departamento de Justicia para que investigue los referidos que reciba sobre asuntos relacionados a la industria del gas licuado y que pudieran constituir acciones monopolísticas.

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