Rivera Schatz amenaza con demandar a JCF por pugna sobre Presupuesto

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y los senadores de todas las delegaciones defendieron el viernes el derecho que tienen para aprobar el presupuesto de gastos del País, y expresaron su total rechazo a las determinaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF).

Asimismo, el líder senatorial no descartó enfrentar a la JCF en los tribunales.

"Las facultades del pueblo de Puerto Rico para gobernarse mediante un gobierno electo no son el resultado ni de la Ley Federal 600, la Constitución y mucho menos de la ley federal mal llamada PROMESA. Esos poderes y facultades del gobierno están reconocidos por el Congreso, el presidente de Estados Unidos y los tribunales desde hace 118 años... La Ley PROMESA no se aprobó para imponer caprichos injustificados ni para castigar instituciones democráticas centenarias. Tampoco se aprobó PROMESA para que su Junta despojara a los ciudadanos americanos de Puerto Rico de protecciones y derechos legislados ni para desatar represalias tomando como rehenes a los trabajadores públicos, a los trabajadores privados”, manifestó Rivera Schatz, quien emitió votos explicativos en las medidas de Presupuesto.

"Al día de hoy, nadie de la JSF, ni los secretarios del Trabajo, Estado, Hacienda ni el licenciado Christian Sobrino, ni el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) han presentado dato alguno que justifique en términos económicos que la derogación de ley 80 va a producir resultados positivos en nuestra economía”, añadió Rivera Schatz.

Sus expresiones se dieron momentos antes de que el Senado aprobara el Presupuesto de gastos ascendente a $8,709,000 millones, que será presentado ante la JCF. Este presupuesto es menor por $40 millones del monto que solicitó la Junta.

Tanto la Resolución Conjunta de la Cámara 353, 354, 355 y la 366 recibieron el voto a favor de la Mayoría Parlamentaria y el voto en contra de la Minoría del Partido Popular Democrático, del senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez y del senador independiente, José Vargas Vidot.

El presidente senatorial le dijo al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, en torno a la pretensión de querer derogar la Ley 80, sobre despido injustificado, que "no podemos legislar para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Derogar la Ley 80 no está en la plataforma de mi partido. Todas las propuestas de la Junta van en contra de los principios del Plan para Puerto Rico”.

"A los miembros del Ejecutivo hagan su trabajo como entiendan, confío que siempre tendrán a Puerto Rico por encima de todo. Nosotros en el Senado también lo haremos con nuestros criterios, principios y valores. Si quieren dialogar en el sentido correcto de diálogo y explorar alternativas, con muchísimo gusto. Nosotros nunca le pediríamos al Gobernador que claudique sus poderes. Grite el que quiera gritar, que a mí me convence la razón”, comentó Rivera Schatz.

En su alocución el senador popular, Aníbal José Torres Torres, dijo que "las amenazas de la Junta son indignas y responden a intereses particulares que muchos imaginamos”. Sin embargo, destacó que va a cumplir "con mi obligación constitucional”.

A su vez, el senador Dalmau Ramírez dijo que "en el día de hoy la Junta de Control Fiscal le ha reiterado al País que ha certificado, como un acto de revanchismo contra aquellos que se resistieron a que se le diera paso a medidas penalizantes contra la clase trabajadora del sector privado del país, un presupuesto abusivo, y degradante.

Sin haber dado ninguna explicación lógica y racional, ni tampoco ninguna métrica económica, la Junta ata la negativa a sucumbir ante su chantaje de eliminar la Ley 80, al tema de justificar su acto revanchista de arrebatarle el derecho al bono de Navidad y las licencias de vacaciones y enfermedad a los trabajadores del sector privado.

Acción que la Junta hubiese tomado de todos modos, porque ya habían anticipado que aun eliminando la Ley 80 ellos estarían reconsiderando la determinación de eliminar estas conquistas laborales en un futuro cercano.

Para que la barbaridad propuesta por la Junta no se consuma, nosotros, los representantes del pueblo, no podemos ceder ante sus pretensiones de menoscabar derechos, de imponer medidas abusivas, de ir en contra de los más necesitados, de los pensionados, de los estudiantes, de los trabajadores".

"La Junta ha desatado su ira contra el pueblo de Puerto Rico y su pretensión de imponer un presupuesto que reduce asignaciones importantes en áreas socialmente sensitivas y neurálgicas como salud, educación -particularmente educación especial- y desarrollo económico deben causar la indignación del pueblo de Puerto Rico y el más contundente rechazo, repudio y combate de nuestra parte", sostuvo Dalmau Ramírez.

En lo que respecta al Presupuesto, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla Alvelo, dijo que el Senado al igual que la Cámara de Representantes hizo su trabajo. "Nos mantenemos firmes en que este presupuesto afecta para nada el que no se haya derogado la Ley 80”, advirtió.

Durante su presentación, Padilla Alvelo reconoció que el proceso de evaluación del presupuesto fue "atropellado a causa de las exigencias de la Junta”. Informó que se le restituyó la partida a los Negociados que están dentro del Departamento de Seguridad Pública, como lo son la Autoridad para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), Cuerpo de Bomberos, Emergencias Médicas, Instituto de Ciencias Forenses y la Policía.

Senado confirma nombramiento del Comisionado del Negociado de Ciencias Forenses

Por otra parte, el Senado confirmó al doctor Edwin Crespo Torres, como Comisionado del Negociado de Ciencias Forenses. La votación contó con el voto en contra de los senadores, Torres, del PPD; Dalmau Ramírez, del PIP; y Vargas Vidot.

CN

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