Directivos Federación de Alcaldes rechazan demanda JCF por Ley 29

Los alcaldes que componen la Junta Directiva de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR) rechazaron el jueves la determinación de la Junta de Control Fiscal (JCF) de demandar al gobierno para evitar que se ponga en efecto la Ley 29 y obligar que se cumpla con la ley PROMESA.

"Con esta acción la Junta de Control Fiscal pretende desmantelar a los municipios de Puerto Rico, lo que afectará a su vez todos los servicios esenciales que ofrecemos a nuestros constituyentes, tales como el recogido de la basura, mantenimiento de parques y áreas recreativas, manejo de emergencias, ayudas a personas de edad avanzada y escasos recursos, repavimentación de carreteras, construcción de nueva infraestructura en nuestras comunidades, limpieza y ornato, entre muchos otros”, expresó en declaraciones escritas el presidente de la FAPR y alcalde de Arecibo, Carlos Molina.

Según se ha informado, la Ley 29, que eximiría a los municipios de hacer aportaciones al Sistema de Retiro y al plan de salud del gobierno.

Por otro lado, Noé Marcano, primer vicepresidente de la Federación y alcalde de Naguabo, expresó que el gobernador cuenta con el respaldo de todos los alcaldes en este proceso que se decidirá en el Tribunal Federal.

"Esta decisión de la Junta no solo afecta los servicios que brindamos los municipios, sino que podría poner en peligro el sustento de las familias de cientos de empleados municipales. El gobernador de Puerto Rico no está solo y tiene el respaldo de los 78 alcaldes de nuestra Isla para dar la batalla en los tribunales en contra del empeño de la Junta de desmantelar los municipios, siendo los pueblos pequeños como Naguabo los más afectados”, expresó Noé Marcano.

Mientras, el alcalde de Naranjito y segundo vicepresidente de la Federación, Orlando Ortiz, expresó que la Ley 29 de 2019 le hace justicia a los municipios, pues alimenta el Fondo de Equiparación que pudiera desaparecer al eliminar los subsidios del estado a los municipios. 

"Sin el dinero del Fondo de Equiparación, sobre 40 municipios, en su mayoría pequeños y medianos, tendrían serios problemas para continuar sus operaciones, lo que conllevaría al cierre de los mismos en los próximos 5 años. ¿Quién se va a hacer responsable del recogido de basura en nuestros municipios, de ayudar a nuestros envejecientes o de socorrer a nuestra gente en el próximo huracán? ¿La Junta de Supervisión de Fiscal?”, dijo el ejecutivo naranjiteño.

Por su parte la vicepresidenta de la Federación de Alcaldes y alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto dijo que "hace falta la unidad de nuestro pueblo para defender nuestro derecho a recibir servicios básicos y esenciales. Hago un llamado a toda la ciudadanía a que hagan sentir su rechazo a la derogación de la Ley 29”.

CN