Pulen proyecto que crea la Junta de Revisión de Condenas Erróneas del Gobierno
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Pulen proyecto que crea la Junta de Revisión de Condenas Erróneas del Gobierno
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El Senado concurrió hoy con las enmiendas sometidas por la Cámara de Representantes al proyecto del Senado 1461, de la autoría del senador Héctor Martínez Maldonado y que crea la Junta de Revisión de Condenas Erróneas del Gobierno de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

La Junta, que será compuesta por un exfiscal, un exjuez que haya atendido una sala criminal, un miembro del Proyecto Inocencia que deberá ser abogado y un profesor de Derecho en el área criminal de cualesquiera de las universidades de Derecho en Puerto Rico, tendrá la facultad de evaluar reclamaciones de casos ya adjudicados en donde se plantee la inocencia del acusado.

El proyecto destaca que la Junta no funcionará como un jurado revisor de los acontecimientos ya adjudicados por un jurado o un tribunal de derecho, sino que evaluará reclamaciones de inocencia que ocurran cuando exista evidencia nueva que demuestre que se llevó a cabo una condena errónea.

La Junta investigará y determinará si la evidencia nueva brinda una "probabilidad razonable” de que la condena del acusado fue errónea.

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La "probabilidad razonable” se refiere a la existencia de probabilidad suficiente para cambiar el resultado de una convicción de conformidad con los estándares requeridos en las Reglas de Procedimiento Criminal.

Asimismo, se prohíbe que un miembro de la Junta participe en la evaluación de alguna reclamación de la cual haya sido parte como abogado, fiscal o juez, en función de su práctica previa a formar parte de la Junta.

Tampoco se permitirá que un fiscal, policía o investigador que haya formado parte del proceso de algún caso bajo evaluación, forme parte del proceso llevado a cabo por la Junta.

Las reclamaciones que serán evaluadas por la Junta, podrán ser realizadas por el convicto, un familiar o su abogado.

Para ello deberá someter por escrito su reclamo y proporcionar el nombre del convicto, el número de caso, el año de condena y una descripción de la base fáctica para el reclamo de inocencia.

Si se solicita una prueba de ADN, la solicitud debe contener una descripción del material que se analizará y una explicación de cómo los resultados de la prueba de ADN respaldarán el reclamo de inocencia.

A su vez, la revisión de las convicciones por delitos graves tendrá prioridad sobre la revisión de convicciones por delitos menos graves cuya pena es delito grave.

También, tendrán prioridad los reclamos presentados por personas que se encuentren encarceladas sobre los que se encuentren beneficiándose de algún tipo de método alterno de reclusión para cumplir su sentencia.

Por otra parte, se dispone que los reclamos sobre legítima defensa no cualificarán para la evaluación de la Junta. Tampoco se atenderán reclamaciones en torno a errores de la sentencia dictada que no se relacionen con nueva evidencia.

En lo que respecta a los fondos, el secretario del DCR, deberá solicitar los fondos federales que apliquen tales como los concedidos al amparo de la ley "Justice for All Act of 2004”.

De otra parte, se designará cualquier cantidad adicional de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal que sea identificada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) o la Asamblea Legislativa.INS


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