Congresistas proponen Ley para facilitar ayuda a víctimas de desastres
El congresista Adriano Espaillat y la comisionada residente Jenniffer González Colón introdujeron el pasado miércoles la Ley de Vivienda para Víctimas de Grandes Desastres, con el fin de simplificar el proceso de solicitud de ayuda para las víctimas de desastres naturales.
"Nuestro proyecto de ley ayudaría a estas familias al garantizar que se acepten múltiples métodos diferentes para demostrar la propiedad, como un recibo de impuesto sobre la propiedad inmobiliaria o un pago de hipoteca”, señaló Espaillat en declaraciones escritas.
La nueva legislación pretende eliminar las barreras que los sobrevivientes de desastres naturales enfrentan actualmente, facilitando la presentación de una mayor gama de documentos como evidencia de propiedad y ocupación de residencias.
La iniciativa, que se presentó por primera vez en el 115° Congreso tras el paso del huracán María por Puerto Rico, busca garantizar el acceso equitativo a la asistencia para sobrevivientes. En esa época, cerca del 60 por ciento de las solicitudes fueron rechazadas debido a la falta de documentación adecuada de propiedad.
FEMA ya había dado pasos hacia la inclusión de más formas de verificación de propiedad en 2021. Este proyecto busca afianzar estos cambios, asegurando que todas las víctimas de desastres mayores tengan igualdad de acceso a la asistencia de vivienda.
González Colón enfatizó la necesidad de eficiencia, empatía y sensibilidad por parte de los gobiernos durante las respuestas a desastres. "Este proyecto de ley brindará mayor flexibilidad a las víctimas de desastres para demostrar la propiedad o residencia en una vivienda y acceder más fácilmente a la ayuda que necesitan después de un desastre natural”, dijo González Colón.
En su paso, el huracán María dejó a numerosas familias en Puerto Rico en estado de desesperación, muchas de las cuales no poseían títulos formales de propiedad debido a transferencias informales. La Ley de Vivienda para Víctimas de Grandes Desastres se propone garantizar una distribución de ayuda más equitativa y justa, beneficiando especialmente a comunidades desatendidas y ambientalmente vulnerables.
