Márquez Lebrón pide investigar situación de atrasos en casos bajo consideración de la Comisión Apelativa del Servicio Público

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, urgió a la Cámara a aprobar la resolución 324 para "investigar el funcionamiento y desempeño” de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), que mantiene miles de casos activos sin resolver.

"Según el informe de transición 2020-2021 presentado por la CASP, al 15 de octubre de 2020 la Comisión mantiene alrededor de 5,473 casos activos de todas las materias y procedimientos que atiende. Esto es inaceptable y merece ser investigado minuciosamente”, afirmó Márquez Lebrón.

El legislador mostró gran preocupación, además, por lo que anticipó será una "avalancha de casos” que podrán ser radicados ante la CASP tras el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la privatizadora LUMA Energy.

Por el acuerdo "miles de empleados de la AEE han sido sometidos a un procedimiento de movilidad a otras entidades gubernamentales, en violación a sus derechos laborales y sus convenios colectivos actuales”, un proceso que Márquez catalogó como "discriminatorio, desorganizado, atropellado, indignante y lleno de incertidumbre”.

De igual forma, Márquez Lebrón busca también que se establezcan términos para la adjudicación de esas controversias pendientes ante la agencia, tal y como propone el proyecto 810. De convertirse en Ley la medida, todos aquellos escritos de apelación presentados ante la CASP previo a la vigencia de la ley actual, deberán ser atendidos y adjudicados mediante resolución final dentro del término de seis meses de haber entrado en vigor.

"Es necesario que esta asamblea legislativa establezca términos razonables dentro de los cuales la CASP resuelva las controversias ante sí, de manera que una parte adversamente afectada no quede sujeta indefinidamente a esta incertidumbre procesal, con la posible consecuencia de tornar académico su reclamo o de que pierda esperanzas en la reparación de cualquier agravio”, argumentó.

Para finalizar, emplazó a la Cámara "a aprobar ambas medidas con carácter de urgencia, para garantizar la protección de los derechos de nuestros empleados públicos”.

Sobre ambas piezas legislativas Márquez Lebrón precisó que el proyecto 810 es de su autoría junto a los representantes Jesús Manuel Ortiz y Luis Raúl Torres, mientras que en la resolución 324 figuran como autores el representante Jesús Santa Rodríguez y el propio Márquez. INS