JCF demanda al Gobierno por la Ley 29 sobre aportaciones de municipios a pensiones y plan de salud

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, anunció el miércoles  que radicó una demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito de Puerto Rico para evitar que el gobierno ponga en efecto la Ley 29 y obligar al gobierno a cumpla con la ley PROMESA.

"La ley 29 va a minar la habilidad del Gobierno de pgar las pensiones a todos los retirados cuando el Gobierno de Puerto Rico enfrente déficits futuros. "Es por eso que los patronos, incluyendo a los municipios, tienen la responsabilidad de pagar su parte del PayGo. Eximir a los municipios y poner toda la carga en el Gobierno de Puerto Rico establece un precedente funesto que otros patronos pudieran utilizar en el futuro. Los retirados actuales y futuros tienen que poder confiar en que sus pensiones se puedan pagar, lo que requiere que los patronos aporten su parte del PayGo”, dijo Carrión tercero en declaraciones escritas.

"En repetidas ocasiones, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos le ha solicitado al gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión que trabajen de la mano. Pero, por el contrario, el gobernador se ha rehusado a someter certificaciones y estimados de costo de sobre 100 nuevas leyes y resoluciones conjuntas, a someter informes de ingresos y gastos  para un sinnúmero de entidades gubernamentales, y en múltiples ocasiones ha firmado resoluciones conjuntas para el gasto de millones de dólares de fondos no presupuestados sin la aprobación de la Junta de Supervisión. Como resultado, la Junta no ha tenido otra opción que acudir al Tribunal para invalidar la Ley 29 y obligar a que el gobernador cumpla con PROMESA”, añadió.

De acuerdo a Carrión tercero, "el incumplimiento del gobierno con PROMESA no se limita solo a la Ley 29. El gobernador también ha firmado 24 resoluciones conjuntas asignando fondos cuyos gastos no están considerados en el Presupuesto Certificado por la Junta en 2019 ni tampoco en el año fiscal 2020”.

"El gobernador ha tomado estas acciones sin considerar un análisis o buscar la certificación de la Junta”, concluyó.

CN