PNP presenta medidas contra la corrupción pública

 El directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó unánimemente ayer, domingo, una resolución dirigida a integrar mayores controles y establecer nuevas medidas contra la corrupción pública.

El secretario de la colectividad, Carmelo Ríos, detalló las plataformas acogidas por el organismo rector de la colectividad estadista para combatir la corrupción.

Según el político, el PNP adoptará e impulsará como política pública la adopción del proyecto de la Cámara 1113 presentado el 6 de diciembre del 2021 por representantes de la colectividad y que propone enmendar el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para obligar el requisito de subasta pública en la otorgación de contratos para el establecimiento de manejo y prestación de servicios relacionado con los desperdicios sólidos y para los contratos de arrendamiento municipal, mueble e inmueble, incidentales a los contratos para el establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios sólidos.

A su vez, el político dijo que el PNP impulsará enmiendas al Código Municipal para requerir a los municipios y a la Asamblea Legislativa establecer medidas de transparencia y responsabilidad fiscal en la contratación de servicios profesionales como se le requiere a la Rama Ejecutiva por medidas tomadas por el gobernador Pedro R. Pierluisi en la orden ejecutiva boletín administrativo OE-2021-029.

"Esta política obligaría a estas entidades a realizar procesos abiertos, competitivos y públicos para la contratación de servicios profesionales como al presente realiza la Rama Ejecutiva”, declaró Ríos.

Igualmente. Adelantó que el partido enmendará el Código Municipal para requerir que todo contratista de bienes o servicios de los municipios y de la Asamblea Legislativa se registre en su respectivo registro en la Administración de Servicios Generales y debe cumplir con sus requerimientos los contratistas de los Municipios y de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, informó que el PNP adoptará como política pública "la rigurosa aplicación del Artículo 5.2 del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico (Ley 2 de 2018) para que el gobierno de Puerto Rico exija en los tribunales la indemnización monetaria equivalente al triple daño económico ocasionado mediante conducta ilícita de corrupción, tras la convicción de cualquier funcionario público o privado”. 

También adoptará e impulsará como política pública el reclamar, mediante todos los mecanismos disponibles civiles y criminales, que se proceda contra toda persona o funcionario que haya defraudado el fisco con su obligación contributiva por actuaciones ilegales.

Las iniciativas que requieran legislación serán presentadas por las delegaciones del PNP, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.INS