El senador independiente José Vargas Vidot, junto a sus homólogos del Partido Nuevo Progresista Carmelo J. Ríos Santiago, Henry Neumann Zayas y Larry Seilhamer Rodríguez y del Partido Popular Democrático Miguel Pereira, Eduardo Bhatia Gautier y José Luis Dalmau Santiago, hizo un llamado en reclamo por justicia para que los menores no sean tratados como adultos en procedimientos criminales.

Los senadores repudiaron las acciones de los Procuradores de Menores en contra de la niña de 11 años Alma Yarida Cruz, natural de Carolina y estudiante de educación especial, quien fue acusada el 2 de diciembre de 2016 por dos compañeras de clases de haberlas amenazado con tirarlas (a ambas) por unas escaleras y de usar lenguaje soez, mientras empujaba a la otra niña por el pecho.

Tal acción ha sido negada por Alma Yadira y, al contrario, alega que las dos jovencitas tenían un patrón de hostigamiento contra su persona desde cuarto grado. Actualmente, todas cursan el sexto grado.

Tras la vista de aprehensión, Alma Yarida fue arrestada y ahora enfrenta cinco cargos en el Tribunal de Menores: uno por agresión simple, dos por amenaza y otros dos por alteración a la paz.

El incidente ocurrió en diciembre de 2016. Cuando Alma Yarida regresó a la escuela en enero de 2017, el director Domingo Leduc no permitió que se matriculara para ese semestre escolar.

"Para que el pueblo de Puerto Rico sea testigo de este insólito proceso criminal, en contra de una menor de 11 años, negra y de escasos recursos, la representación legal de la imputada renunció a su derecho de confidencialidad del proceso.

Por ende, la honorable jueza accedió a la entrada de los medios y del público”, recordó Vargas Vidot.

Sin embargo, los procuradores de Menores Carlos Alonso Sánchez, Noemí Rivera De León y Mariana Pérez Cordero propusieron impugnar la determinación del Tribunal de Primera Instancia y acudir al foro apelativo, alegando que la entrada de la prensa sólo haría del proceso uno más traumático para las "víctimas” acusadoras.

A pesar de que hubo una vista programada para el 15 de agosto, esta tuvo que ser suspendida pues aún no había bajado la determinación del foro apelativo.

Actualmente, el proceso criminal en contra de Alma Yadira se encuentra en suspenso hasta tanto no se emita un fallo.

En mayo, los senadores Vargas Vidot, Ríos, Neumann, Seilhamer, Pereira, Bhatia, Dalmau y los demás miembros del caucus del PPD en el Senado presentaron ante la asamblea legislativa el Proyecto del Senado 489, que viabiliza una Reforma al Sistema de Justicia Juvenil en Puerto Rico.

Entre los cambios que propone la medida se resalta establecer que la jurisdicción de Tribunal de Menores será ejercida sobre los menores de entre 13 años y menores de 18 años. De esa manera, se establece una edad mínima.

De igual modo, se requeriría el agotamiento de remedios administrativos establecido en el sistema de educación pública, evitando que los menores lleguen al tribunal.

También se prohibiría el uso de restricciones mecánicas, el confinamiento en solitario a menores durante el período carcelario, entre otros cambios.

Mientras, la Comisión de Seguridad Pública del Senado, presidida por Neumann, realizó una vista pública en la que compareció la Policía de Puerto Rico, la Sociedad para la Asistencia Legal y el Departamento de Justicia.

La comisión emitió un informe positivo sobre la medida, que espera por acción ulterior del Senado y posteriormente, de la Cámara de Representantes.

"Actualmente, la Ley de Menores requiere transformarse a una menos punitiva y más rehabilitadora. Hay que estudiar profundamente el trasfondo de los casos atendidos en el Tribunal de Menores, sus causas y consecuencias.

¿Cuál es el entorno familiar, social, educativo, moral, de ese menor?”, se preguntó indicó el senador Miguel Pereira.

A su entender, "continuar perpetuando un enfoque punitivo para atender la incidencia criminal ha demostrado ser ineficaz en la mayoría de los casos.

Apoyo el Proyecto 489 como paso afirmativo en el proceso para atender con más particularidad cada caso y la realidad de los menores que cometen delitos”.

Para Vargas Vidot, el proyecto "es una pieza de avanzada para un sistema de justicia que, en ocasiones, se ha comportado unilateralmente.

De igual modo, han estado polarizadas las decisiones y, solapadamente, hemos sido testigo de los prejuicios sociales ante la falta de recursos o, en el peor de los casos, perseguidos por el estigma de la pobreza”.

Añadió que "cuando trabajamos con menores, y aún más, basados en la Ley de Menores, debemos romper con aquellas cadenas de maltrato (incluyendo la humillación institucional) que marcan la vida de un ser humano en pleno desarrollo y que alteran e impactan ‘negativamente’ su complejo entorno social.

Es una cadena de eventos compleja que requiere de sensibilidad, sapiencia, sensatez”.