El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, anunció el martes, la radicación de una resolución tripartita para investigar el impacto de las moratorias hipotecarias concedidas tras el paso del huracán María y determinar si se requiere legislación para regular esa industria en momentos de emergencia nacional.

"Tras el paso del huracán María, miles de dueños de hogares reclamaron a los bancos una moratoria en el pago de sus hipotecas. Ante la avalancha de pedidos, la industria bancaria e hipotecaria decidió establecer voluntariamente una moratoria de tres meses en todos sus productos de préstamos. Sin embargo, fueron muchos los consumidores que quedaron desprovistos de protección al momento de poner al día sus préstamos, pues los bancos reclamaron el pago total de los meses en atraso”, explicó Cruz Burgos en comunicación escrita.

Explicó que la Resolución de la Cámara 1224 de su autoría, cuenta con la firma de los representantes PNP Junior Pérez y Georgie Navarro, el representante del PIP Dennis Márquez, y el representante Carlos Bianchi del PPD. La medida ordena una investigación ante el hecho de que no existe una regulación clara sobre el remedio especial de una moratoria voluntaria en casos de emergencias nacionales, por lo que es necesario que la Asamblea Legislativa inicie un proceso de análisis para establecer cuáles deberían ser los términos y condiciones.

"Al no legislarse una moratoria en casos de emergencia, estamos dejando a un lado la posibilidad de obligar a la industria hipotecaria a modificar los préstamos hipotecarios. Y la realidad es que a un año de culminada la moratoria tras el paso del huracán, hay casos donde el resultado ha sido nefasto para los consumidores que ahora se encuentran sumidos en batallas legales para preservar su propiedades porque los bancos hipotecarios han decidido imponer condiciones sobre las que no existe ningún tipo de reglamentación o directriz”, dijo Cruz Burgos.

Por otro lado, el legislador recordó que luego del paso de María, la industria hipotecaria declaró públicamente que se hacía innecesaria la aprobación de legislación para atender situaciones de emergencia y cubrió el vacío legal, con condiciones para aprobar o rechazar modificaciones a los préstamos hipotecarios y sobre las consecuencias de dejar de pagar tres meses. "Hay personas que aún no resuelven sus diferencias con los bancos hipotecarios y otros tantos, han tenido que tomar la determinación de entregar sus propiedades, acceder a las ejecuciones o ser víctimas de un proceso legal en el que el deudor hipotecario tiene todas las de perder”, denunció.

"Nuestro rol legislativo es proteger los derechos de los consumidores, más aún, cuando se trata de personas que con mucho trabajo y esfuerzo han logrado obtener una hipoteca para tener un techo digno y seguro. No solo estamos velando por el bienestar económico de nuestros ciudadanos, sino que estamos velando por la seguridad económica de nuestra isla”, sostuvo.

CN

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