Secretario de la Gobernación ordena revisar contrato previamente autorizado a amigo de Higgins
El secretario interino de la Gobernación, Luis Gerardo Rivera Marín ordenó el miércoles revisar el contrato que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter Higgins, tercero le otorgó a su amigo Víctor Peña Vargas para servicios de consultoría por la suma total de 315 mil dólares.
Esto, a pesar que los contratos deben ser autorizados por la Secretaría de la Gobernación y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
"Estamos ordenando a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica la revisión de la contratación del señor Víctor Peña, a los fines de que se ajuste la cuantía, tomando como referencia las escalas salariales en la AEE a las funciones y servicios requeridos”, dijo Rivera Marín en declaraciones escritas.
Indicó que dicha revisión debe tomar en consideración la situación fiscal de esta corporación pública. Precisó que la Junta de Gobierno de la AEE tiene un término no mayor de 48 horas para presentar un informe a la Secretaría de la Gobernación, cumpliendo específicamente con la revisión del contrato que les está requiriendo.
Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo estar seguro que luego de la revisión del contrato, la recomendación será el rechazo del mismo. De paso, trajo a colación los intentos de derogación de la Ley 80 de despidos injustificados.
"El contrato es inaceptable. El señor Higgins sabe que hubo malestar con su contratación y con el dinero que le están pagando y entonces la prepotencia y la soberbia lo ubica con un asesor ganándose una cantidad ridícula”, dijo el líder senatorial en un encuentro con la prensa.
Dijo que no se debió firmar el contrato y que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares "debe hacer un llamado a la gente en la Autoridad de Energía Eléctrica”.
Sobre la orden de revisión del contrato, dijo que "estoy seguro que luego de la revisión la consecuencia será no aceptar ese contrato”.
"Hay gente que quiere seguir contratando personas con contratos en esas cuantías. Estoy seguro que en ese contrato probablemente haya algún beneficio también si hay una terminación del contrato. Pero le quieren quitar la Ley 80 a los trabajadores.
Esa es la pregunta que tienen contestar los que favorecen la derogación de la Ley 80. ¿Cómo quitarle al trabajador que no tiene ese poder de negociación o de defenderse, mientras los contratos de cientos de miles de dólares se siguen ofreciendo?”, sostuvo.
Según trascendió el miércoles, Higgins, tercero contrató a un conocido suyo para ofrecerle servicios de asesoría a un costo de más de 20 mil dólares mensuales, para un total de 315 mil dólares al finalizar la vigencia del mismo.
La contralora, Yesmín Valdivieso confirmó la existencia del contrato. "Sí. Está registrado en nuestra oficina”, dijo Valdivieso en entrevista radial (WKAQ).
"Según el contrato, (ganará) 22,500 dólares mensuales”, detalló la funcionaria.
Valdivieso explicó que todos los contratos del gobierno deben pasar por el crisol de la Secretaría de la Gobernación y de la OGP. En caso que el contrato sea de más de 10 millones de dólares, debe tener el aval de la Junta de Control Fiscal (JCF).
Según el resumen del contrato, divulgado en el portal cibernético de la Oficina de la Contralora, el mismo fue firmado el pasado 9 de mayo y estará vigente hasta el 31 de mayo de 2019. La categoría es de servicios de consultoría y el tipo de servicio es consultoría financiera. El contrato no tiene renovación automática y es no exento.
Informes de prensa indican que el documento expone que el pago no puede superar los 45 mil dólares entre el 9 de mayo y el 30 de junio de 2018. Por otro lado, dispone que en total, el contrato no puede exceder los 270 mil dólares.
El contrato detalla que Peña Vargas se encargará de funciones como ofrecer asistencia a Higgins para mejorar el plan de operación de la AEE, mejorar transacciones operacionales, emisión de pagos a proveedores, revisar asuntos fiscales, preparación del presupuesto, medición de metas, entre otras.
Por su parte, el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer dijo que buscará que el Alto Cuerpo someta a Higgins tercero a una sesión de interpelación.
"Lo máximo que podemos hacer es interpelar al señor Higgins. Es necesario, es urgente y pertinente que nosotros en el Senado de Puerto Rico podamos llamar al señor Higgins para que nos justifique y nos diga cuáles son sus funciones y tareas.
Siempre me ha dado la impresión que el señor Higgins es una imposición de la Junta de Control Fiscal y responde a unas personas o entidades que no es el pueblo de Puerto Rico”, dijo Seilhamer en la misma emisora.
CN
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