El representante Víctor Torres González anunció la presentación de una medida para incluir a los pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños en los paquetes de beneficios contributivos que tiene las leyes para atraer inversionistas de alto capital a Puerto Rico.

"Venimos ayudar a los nuestros. Los pequeños y medianos comercios puertorriqueños necesitan un impulso para poder sostener operaciones durante esta prolongada crisis económica por la cual atraviesa Puerto Rico. Es por eso que tenemos que ser creativos, desarrollando estrategias y utilizando los recursos que tenemos a nuestra disposición”, dijo el legislador. 

Uno de estos recursos, indicó, es la Ley 22 de 2012 (Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico), cuyo objetivo primordial es atraer inversionistas que se dediquen a proyectos de alto capital y provee profundos incentivos contributivos para estas personas. 

Sin embargo, el político aclaró que "esta legislación no ha sido utilizada a su máxima expresión debido a que excluye del paquete de beneficios a las empresas nativas de mediano capital".

"Lo mismo sucede con la Ley 20-2012 (Ley Para Fomentar la Exportación de Servicios), la cual dispone entre los beneficios para la empresa dedicada al "negocio elegible" de exportación de servicios una tasa contributiva preferencial de cuatro por ciento, exención de 90 por ciento en la contribución sobre propiedad mueble e inmueble, y de 60 por ciento en las patentes municipales”, expuso Torres González. 

Agregó que "estos beneficios muy bien podrían disfrutarse también por aquellas empresas nativas que en carácter de contratista con exclusividad, o de socio en un proyecto conjunto, sean quienes ejecuten todo o parte de alguna de las actividades elegibles". 

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) indicó que el proyecto de la Cámara 919, de su autoría, persigue enmendar las definiciones de la Ley 20 de 2012, particularmente lo que es un "negocio elegible" y qué constituye tener "nexo con Puerto Rico" para ampliar las empresas y actividades elegibles.

La medida hace lo propio con la Ley 22 de 2012, añadiendo al estatuto original un lenguaje similar al que ya existe en la Ley 20 de 2012 por el cual tendrá que tener un socio de capital puertorriqueño o un contratista exclusivo, quien disfrutara igualmente de beneficios contributivos especialmente si se establece actividad económica en Puerto Rico, incluyendo los relacionados con contribución sobre la propiedad y patentes.

De este modo se busca que estos incentivos para atraer capital a Puerto Rico sean a la vez herramientas para potenciar que más empresas puertorriqueñas se unan al mundo de las grandes inversiones y que los beneficiarios de estos incentivos aporten a la actividad económica y creación de empleos en nuestra isla.