La Cámara de Representantes aprobó el viernes una versión enmendada del proyecto de administración del Código de Incentivos de Puerto Rico, con el fin de consolidar las decenas de decretos, incentivos, subsidios, estímulos monetarios, reembolsos, o beneficios contributivos o financieros existentes, que fue presentado en el Hemiciclo por el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio "Tony” Soto Torres.

Según destacó el representante, el Proyecto de la Cámara 1635, contiene las herramientas adecuadas para fomentar el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico, además de establecer el marco legal y administrativo que regirá la solicitud, evaluación, concesión o denegación de incentivos por parte del Gobierno local.

Apuntó en comunicación escrita que "se realizaron numerosas vistas públicas en Cámara y Senado y observamos que no se podía aprobar como radicado por el Ejecutivo en el 2018. Recogimos las inquietudes de distintos sectores profesionales o que de una manera u otra, se verían afectados por los incentivos de Puerto Rico. Ese insumo lo recibimos de parte de agricultores, del sector de la manufactura, empresarial y comercial de Puerto Rico, de las personas de la industria fílmica o de producciones locales. Todas esas inquietudes las fuimos recopilando y trabajando con el Ejecutivo y el Senado”. 

El Presidente de la Comisión de Hacienda indicó que se configuró un sistema único que recoge dentro de un solo documento, bajo una oficina, bajo un solo regulador, el proceso desde la solicitud hasta el otorgamiento del crédito contributivo, con un mecanismo para determinar si la inversión que haga el gobierno tiene retorno. Soto Torres discutió que la medida también provee un lenguaje para que exista mayor transparencia en el otorgamiento de incentivos, mediante el requerido de informes a la Oficina de Incentivos para Negocios.

El Representante agregó que la Oficina tiene que rendir informes y publicar en un portal la información de manera más extensa que se haya requerido anteriormente sobre cualquier crédito solicitado, que incluyan el nombre del negocio exento y sus accionistas principales; fecha en que solicitó y se otorgó el decreto; tasas preferenciales otorgadas; y capítulos de este código o sobre la ley anterior bajo la cual se otorgó el decreto. También, el nombre del municipio donde operará el negocio exento; las exenciones otorgadas y la cantidad de empleos generados o retenidos por el negocio exento.

El representante José Aponte Hernández, expresó al asumir un turno a favor de la pieza que "si le quieren votar en contra, estarían votando en contra de 43 municipios. Un municipio podría tener un 10 por ciento de ingresos, con el nuevo podrían tener 25 por ciento nuevo. Cada cual tiene que tomar sus decisiones”.

Mientras que el portavoz de la minoría, Rafael "Tatito” Hernández, señaló que "esta medida no garantiza la participación de los puertorriqueños. No estamos hablando de un grupito, estamos hablando de gigantes (cabilderos)”, mientras que el representante Denis Márquez opinó que "este tipo de modelo de incentivo choca de frente con las visiones económicas, y políticas de nuestro partido. La historia de estos modelos contributivos… va de la mano del fracaso económico, político y social de Puerto Rico". Seguido, el representante Manuel Natal expuso que "al final del día los privilegiados dejan de pagar en contribuciones, los terminan de pagar usted que me escucha”.

Por otro lado, fue favorecida la Resolución Conjunta de la Cámara 513 de administración, para asignar con cargo a los ingresos del Fondo General en exceso a la cuantía incluida en el Presupuesto Certificado para el año Fiscal 2018-2019, depositados en el Tesoro Estatal $1,400,000,000, a la cuenta en fideicomiso establecida en la "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos” (Ley 106-2017). De forma, que estos fondos sean eventualmente segregados y transferidos a los participantes del Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro, también conocido como "Reforma 2000” o "Sistema 2000” creado mediante la Ley 305-1999.

Esta Ley ordena al Director Ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico realizar una auditoría para determinar con certeza las aportaciones realizadas a dichos programas por cada participante, entre otros fines relacionados.

Con el fin de centralizar los procesos de compras gubernamentales de bienes, obras y servicios, el Pleno favoreció el Proyecto de la Cámara 2112, de la autoría del presidente cameral Carlos "Johnny” Méndez Núñez, para crear la nueva "Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”.

El nuevo modelo estará enmarcado dentro de los principios de transparencia, uniformidad y de una sana competencia con miras de lograr ahorros fiscales en beneficio del pueblo puertorriqueño. Este redundará en ahorros de casi 100 millones de dólares para finales del 2020.

Además de reestructurar los procesos de compra, la legislación contempla la transformación de la Administración de Servicios Generales (ASG), "con el objetivo de convertirla en la única entidad gubernamental facultada para establecer y llevar a cabo todo procedimiento de adquisición de bienes, obras y servicios del Gobierno de Puerto Rico”. 

Con ello, se deroga el Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico 2011.

Seguido, de la representante María Milagros Charbonier Laureano, se apoyó el Proyecto de la Cámara 2089, para enmendar varios artículos del "Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aumentar de ocho a 15 años, la pena por comisión de ciertos delitos contra la seguridad en las transacciones comerciales.

De igual manera, se ratificó el Proyecto de la Cámara 1257, de la autoría del representante José "Memo” González Mercado, para enmendar varios artículos de la "Ley para el Uso de la Marca Delpaís”, con el propósito de establecer una nueva marca que se conocerá como "Producto de Puerto Rico” para, que se atempere a la realidad del mercado agrícola en el exterior.

Por otra parte, se avaló la Resolución Conjunta de la Cámara 397, de los representantes Joel Franqui Atiles y Juan Oscar Morales Rodríguez, para ordenar a la Oficina de Calidad de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) que modifique la Primera Ayuda Psicosocial, conocida como la Línea PAS para que la línea telefónica contenga únicamente tres dígitos.

 También, se consintió con la Resolución Conjunta de la Cámara 513 de Administración y ocurrió lo mismo con la Resolución Conjunta del Senado 312, para designar el tramo desde el kilómetro 55.1 hasta 61.4 de la carretera PR-149 en Villalba, con el nombre de Ramón "Moncho” Negrón Rivera.

La Cámara dio paso a la Resolución de la Cámara 1333, del representante Michael "Abid” Quiñones Irizarry, para investigar el uso que se le está prestando a la estructura de la Escuela José Pilar González del pueblo de Adjuntas. y la Resolución Conjunta de la Cámara 428, para la transferencia libre de costo por parte del Departamento de Educación al Municipio de Juncos, la titularidad de las instalaciones de la antigua Escuela Fulgencio Piñero Rodríguez, ubicada en la Calle Algarín del Municipio de Juncos.

Más tarde, la Cámara Baja sustentó la Resolución Conjunta de la Cámara 515, también de la autoría del Presidente Cameral, que reasigna fondos al Municipio de Vieques. Igualmente, de la autoría de Méndez Núñez junto a la mayoría parlamentaria, la Resolución Conjunta de la Cámara 518, que asigna fondos a los municipios para obras y mejoras permanentes.

Asimismo, se concurrió con el Proyecto de la Cámara 1691, que ordena al Secretario del Departamento de Recreación y Deportes a que brinde simultáneamente los adiestramientos, capacitaciones y cursos que se ofrecen a los líderes recreo-deportivos, entrenadores deportivos, oficiales deportivos en el Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación, en todas las oficinas regionales de la dependencia gubernamental; y para otros fines relacionados. A su vez, se aprobó el Informe de conferencia de Resolución Conjunta de la Cámara 59 que ordena al Departamento de Educación traspasar libre de costo la titularidad de la Antigua Escuela William Rivera Ponce, Ubicada en la Urb. Jardines de Caparra, Ave. Ruiz Soler, Sector La Colectora, en el Municipio de Bayamón, al National Talent Academy, Inc.

Se autorizó, además, el extender el término para rendir informes de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad, en las resoluciones 1431 y 1432.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el lunes, 24 de junio de 2019, a las 11:00 de la mañana.

CN