Junta de control fiscal aprueba plan fiscal del gobierno de Puerto Rico por unanimidad, pero con enmiendas

La junta de control fiscal, en su quinta reunión celebrada hoy en Nueva York, finalmente aprobó con enmiendas el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico para afrontar la crisis económica que atraviesa la isla.

La aprobación se dio luego de que equipos de trabajo del gobierno y la junta trabajaran hasta la madrugada para poner fin a las diferencias que habían en torno a las medidas que se deben aplicar en el país caribeño.

En cuanto a la aprobación, se dio con enmiendas por parte de los miembros de la junta -establecida por la Ley Promesa y que maneja las finanzas de la isla-, presidida por el puertorriqueño José Carrión.

Entre las medidas que se tomarían está la reducción de la jornada laboral y de los beneficios de los pensionados, así como la eliminación del bono de Navidad de los empleados del gobierno.

La junta de control fiscal puso, además, como plazo el 30 de abril para que el gobierno de Puerto Rico entregue las proyecciones de liquidez y flujo de efectivo, esencial para el pago de la nómina de los empleados públicos y para el funcionamiento de los servicios esenciales.

También, la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares tendrá que presentar para ese día el plan fiscal y la manera en que se implementarán las reformas, pero de forma detallada.

Específicamente, la junta notó que el plan fiscal del gobierno requería salvaguardas adicionales para asegurar suficiente liquidez y ahorros para proveer para los servicios esenciales en el año fiscal 2018. 

De tal forma, la junta enmendó el plan para incluir un programa de reducción parcial de jornadas laborales y suspensión de bonos de Navidad para asegurar dichos ahorros, a menos que la junta constate el cumplimiento por parte del gobierno de ciertas condiciones más tarde en el año calendario 2017.

Además, la junta enmendó el plan fiscal del gobierno en cuanto a las pensiones para lograr reducciones de 10% en el total de los pagos de pensiones, comenzando en 2020.

Durante los próximos 30 días, el gobierno y la junta trabajarán en un plan específico a ser finalizado para el 30 de junio 2017.

El plan estará basado en financiar las obligaciones de pensiones en un sistema de reparto simple ("paygo”), liquidando activos para ayudar a financiar beneficios utilizando los ingresos al fondo general para pagar los beneficios que se debían bajo el plan previo.

También incluye enlistar a todos los miembros activos y nuevos empleados en cuentas de contribuciones definidas que segreguen y protegen sus contribuciones para el pago de sus propios beneficios en el futuro, y reducir progresivamente el costo total de las pensiones en 10% para asegurar que el sistema pueda cumplir sus obligaciones, con protecciones para asegurar que ningún miembro caiga bajo el nivel de pobreza federal como resultado de las  reducciones.

A su vez, el plan contempla incluir, a partir de 2020, a todos los nuevos maestros y trabajadores de seguridad y protección pública en el sistema de Seguro Social y, hasta donde sea práctico, inscribir a todos los maestros y trabajadores de seguridad y protección pública activos, menores de 40 años, en el sistema de Seguro Social.

"Desde su comienzo, la junta ha trabajado para entender los hechos y realidades, las opciones disponibles para el gobierno, y las implicaciones de las diferentes maneras de atender la crisis fiscal y económica que enfrenta la isla”, dijo el presidente de la junta, José Carrión. 

Agregó que "a través de este proceso, hemos buscado trabajar de la mano con el gobierno de Puerto Rico y utilizar las herramientas que nos han hecho disponibles bajo la ley para contribuir a proveer un mejor futuro para el pueblo de Puerto Rico. No solo para hoy, sino para nuestros hijos y generaciones futuras”

Según Carrión, "nuestra gente ama a Puerto Rico y merecen poder construir un futuro en él, no ser forzados a mudarse fuera para mantener sus familias y realizar sus sueños”.

Sin embargo, advirtió que "debemos darnos cuenta -de veras entender en nuestros corazones- que los problemas que enfrenta Puerto Rico son masivos”. 

Recordó que "a través del tiempo, el gobierno ha hecho compromisos con todos -incluyendo empleados públicos, pensionados, estudiantes universitarios, beneficiarios de los programas de salud, tenedores de bonos, y otros- que no pueden cumplirse si nos basamos en una medida realista de los ingresos por recaudos contributivos que la economía rinde en la actualidad”.

Consignó que la Ley Promesa "fue aprobada para construir un camino hacia la estabilidad fiscal, el crecimiento económico, la restructuración equitativa de la deuda del gobierno y el restablecimiento del acceso a los mercados de capital. No se equivoquen: sin la legislación bipartita Promesa, la isla estaría enfrentando un caos legal y financiero en estos momentos, sin esperanza de revertir el declive económico y el triste éxodo de más puertorriqueños buscando construir una vida próspera para sus familias”. 

A su vez, alertó que "sin cambios realmente masivos, y sin utilizar las herramientas provistas bajo Promesa, seguiremos enfrentando decadencia y privación. La gente de Puerto Rico merece algo mejor y la junta ha comprometido sus esfuerzos y su trabajo para lograr un mejor futuro para Puerto Rico”.

También opinó que "en cualquier crisis financiera existe la tentación de creer que uno puede resurgir sin sacrificio, o con menos sacrificio, si tan solo otros asumieran los costos o si la elusiva recuperación acabara de llegar. El hecho es que cualquier solución real debe involucrar a todos las partes compartiendo en el esfuerzo, especialmente si es doloroso”.

Añadió que "siempre es tentador evitar decisiones difíciles asumiendo que la economía crecerá más rápidamente, los ingresos aumentarán o los gastos del gobierno se mantendrán por debajo del presupuesto. Pero en el pasado, este tipo de pensamiento ilusorio, la mayor parte de las veces, ha empeorado el problema, dejando a un lado la toma de decisiones”.

Carrión indicó que "la junta ha propuesto acciones en todos los frentes para asegurar que hay fondos suficientes para financiar servicios esenciales al público y poner el presupuesto en camino hacia al balance estructural. Específicamente en un curso de tres años, buscamos trabajar de la mano del Gobierno de Puerto Rico para balancear el presupuesto, reestructurar las deudas y obligaciones a largo plazo y tomar la acción decisiva necesaria para restablecer el crecimiento económico”.

Insistió en que "uno no puede vivir de la esperanza. No podemos gastar recursos hoy esperanzados en que la economía de mañana pagará por ellos. En vez, debemos construir la economía del mañana tomando hoy las decisiones difíciles que por mucho tiempo hemos sabido que son necesarias y comenzar a construir un mejor Puerto Rico para la presente y las futuras generaciones”.