Victoria Ciudadana se opone a demanda de la Junta para anular la Reforma Laboral
En conmemoración del Día del Trabajo, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) rechazó las acciones de la Junta de Control Fiscal en contra de mejores condiciones del empleo en el sector privado, y anunció que estudia la presentación de un amicus en el pleito radicado por la Junta para intentar dejar sin efecto la Ley 41 de 2022, que derogó elementos de la Reforma Laboral de 2017 y restituyó derechos a la clase trabajadora.
"La demanda presentada por la Junta, además de ser un insulto más al pueblo de Puerto Rico y a la labor legislativa, interfiere indebidamente en aspectos de reglamentación laboral donde no hay fondos públicos envueltos. El que la Junta no quiera que se les devuelvan derechos a las personas empleadas en el sector privado muestra una vez más su rostro dictatorial y antidemocrático”, dijo la senadora Ana Irma Rivera Lassén, portavoz del MVC.
Añadió que la Junta "pretende ‘sustituir’ la función legislativa y decirnos lo que se puede y no se puede legislar. Es inaceptable. La Junta quiere imponer su visión de que el empleo, o la manera en que se desarrollará la economía, es sobre la base de explotar la mano de obra; una visión económica y política que aplasta al pueblo y no reconoce el derecho a un trabajo digno y unas condiciones de empleo dignas. Es inaceptable”.
En tanto, el representante José Bernardo Márquez planteó que "la acción de la Junta no tiene base legal ni económica. Lo que refleja es una obsesión de perjudicar a la clase trabajadora con tal de imponer una agenda fracasada de austeridad. Representa un ataque frontal a nuestros poderes legislativos y, por supuesto, a las condiciones laborales de miles de personas, particularmente jóvenes”.
Agregó que "a partir de 2017, tenemos a una juventud adentrándose al mundo laboral en condiciones significativamente peores a las de generaciones anteriores. Eso, por definición, no es progreso, sino retroceso. Nada en la Ley Promesa faculta a la Junta a interferir con este tipo de decisiones de política pública y así lo queremos hacer constar ante el tribunal federal”.
En la demanda presentada, la Junta sostiene que la Ley 41-2022 fue aprobada sin el análisis y el estudio necesarios para confirmar que la derogación de ciertos elementos de la Ley 4-2017 no tendrá un impacto significativo en los recaudos del gobierno. Sin embargo, para la delegación del MVC fue la de 2017 la aprobada sin ningún tipo de estudio ni métrica.
Además, al día de hoy tampoco hay disponible ningún análisis que valide su éxito. Por el contrario, sostiene que ha creado un estado laboral crítico que ha agudizado la crisis fiscal, económica y social que lleva atravesando el país hace años. Por eso, ante la preocupación de que la recién aprobada ley sea anulada, y el precedente que eso pudiera crear respecto a los poderes que se ha adjudicado la Junta, la delegación del MVC estudiar intervenir como "amiga de la corte” para expresar los fundamentos que validan que la Ley 41-2022 se mantenga en vigor.
Para esos fines, el senador Rafael Bernabe Riefkohl manifestó que "las acciones de la Junta no parten de los hechos ni de los datos. Parten de dogmas neoliberales que ignoran toda experiencia real. La gran mayoría de los derechos que la ley restablece existieron durante décadas y no impidieron el crecimiento económico. De hecho, coincidieron con las épocas de mayor crecimiento. Se trata sencillamente de la agenda anti obrera que quiere desarrollo a costa de la clase trabajadora”.
En la misma línea del MVC se expresó la Asociación de Economistas de Puerto Rico, que aseguró que "resulta poco probable que precarizando el mercado laboral se logre aumentar la producción, la participación laboral y el empleo en el caso de Puerto Rico. En todo caso, para lograr tales objetivos es importante ofrecer incentivos a los trabajadores, incrementando su compensación y promoviendo mejores condiciones de empleo y de vida”. INS
