Para la administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, opinó el jueves, durante una vista pública, que la opinión consultiva del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, sobre la Ley 71-2021, que se convirtió en una Orden Ejecutiva sobre compras y contrataciones para trabajos de reconstrucción luego de un desastre, es inconstitucional.

"No comparto la interpretación legal del secretario del Departamento de Justicia, entiendo que es inconstitucional. No obstante, habiendo una opinión del principal asesor legal del Ejecutivo, rama de gobierno encargada de la ejecución y del cumplimiento de las leyes, le damos la mayor deferencia a esa interpretación…Ante ese escenario, debemos la mayor deferencia a lo implementado por Orden Ejecutiva y nos ceñimos a su mandato”, indicó Mercado Rivera en declaraciones escritas.

La opinión surge durante una vista pública de la Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una Emergencia, que atendió la Resolución Concurrente de la Cámara 57, que persigue delimitar el alcance del Boletín Administrativo OE-2022-301 expedido por el gobernador, que permite procesos alternos de compras y subastas en las dependencias del gobierno para proyectos de reconstrucción subvencionado con fondos de FEMA, ARPA y CDBG-DR.

La Administradora de ASG y principal oficial de compras del país señaló que su agencia interpreta que la Ley 71-2021 era una restrictiva, por su propio lenguaje, por lo que las compras de reconstrucción y recuperación de Puerto Rico de todas las entidades gubernamentales y entidades exentas se continuarán haciendo a través de ASG.

"En la ASG interpretamos que se excluía por medio de la citada ley exclusivamente el proceso de compras con fondos del Programa Community Development Block Grant for Disaster Recovery (CDBG-DR), al permitir que se inicien y culminen proceso de subastas si se cuenta con una Certificación de Fondos emitidas por el Departamento de Vivienda, además de permitir a la Oficina de Gerencia de Permisos crear procesos expeditos de consulta y permisos para proyectos de demolición, reconstrucción y construcción de edificaciones afectadas por los desastres que han afectado los municipios de Ponce, Guayanilla, Yauco, Peñuelas y Guánica”, insistió Mercado Rivera.

Al mismo tiempo, la administradora señaló que la interpretación de la Orden Ejecutiva da paso a nuevas dificultades operacionales de cara a la recuperación posdesastre.

"El efecto que ha tenido esta Orden, es que existen agencias haciendo procesos individuales en los que no tenemos visibilidad sobre ello, por lo que estamos entregando informes de gastos totalmente incompletos, tampoco estamos garantizando la transparencia de estos procesos”, informó.

La funcionaria alegó que a raíz de la interpretación de Justicia y la acción del Ejecutivo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) adscrita a la Fortaleza ha delegado funciones que pertenecen a la ASG.

"No entiendo como una oficina de la Fortaleza, que es lo que es la OGP, puede delegar funciones que están delegadas a una agencia en particular. Advine en conocimiento sobre ese tipo de delegaciones, y estoy totalmente en contra”, expresó.

"Hace varias semanas ASG tenía dos cartas para salir y declarar nulas ciertas subastas, porque entendíamos que contravienen con la Ley 73 -2019, conocida como la Ley de Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico. Luego, nos enteramos de que había una dispensa otorgada por la OGP a estos efectos para la Administración de Vivienda Pública. Desconocíamos sobre esa dispensa”, mencionó.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia, en memorial escrito, se expresó en contra de la aprobación de la Resolución Concurrente de la Cámara 57, por entender que la Ley 71-2019, no provee el espacio para ninguna intervención por parte de la rama legislativa.

El Boletín Administrativo OE-2022-30 fue expedido por el gobernador Pedro Pierluisi como parte del estado de emergencia en la infraestructura en Puerto Rico.