Todos sabemos la magnitud de la crisis que el huracán María provocó en nuestra isla del encanto. Llevamos más de dos semanas sumidos en los tapones, la falta de gasolina, la filas de los bancos, los supermercados vacíos, y por último, los robos y asaltos. Dentro de la desesperación por la falta de suministros tenemos todo tipo de criminal suelto en la calle: los cacos de carrera que eran criminales antes del huracán, y los nuevos criminales que nunca habían robado pero a los que no les queda nada en la casa y ya no tienen nada que perder.

Desde el segundo o tercer día después de la tormenta, mi oficina comenzó a recibir pedidos de guardias armados para proteger la propiedad de clientes que estaban vulnerables a los robos de gasolina, gas licuado, cobre, aluminio y otros productos de primera necesidad en esta emergencia. En la búsqueda de personal certificado, me di cuenta de la cantidad de recursos que tenemos en la isla. Aquí hay una gran cantidad de guardias armados que cuentan con todas las certificaciones, permisos y licencias  para operar de manera legal en esos puestos. Me llenó de alegría poder brindarle oportunidades de empleo a personas que lo perdieron todo, y que dentro de la tragedia contribuyen a levantar al país con el sudor de su frente. Estos empleados no solo están trabajando por su país, sino que generan unos ingresos que se quedan en la isla para aportar a la reconstrucción del mismo.

Sin embargo, a dos semanas del paso de María, los que trabajamos en la industria de la seguridad hemos notado una tendencia dañina en la contratación de personal. Resulta que hay compañías extranjeras que están trayendo a sus guardias armados a la isla para ofrecer sus servicios sin contar con las debidas licencias y certificaciones para poder portar esas armas en Puerto Rico. Estos guardias están en puestos donde están en contacto directo con el público, pero no saben nuestro idioma, ni conocen cómo funcionan las cosas en nuestra sociedad.

Por otro lado, ciudadanos puertorriqueños adinerados han traído sus ejércitos privados a la isla formados por personal extranjero, que inclusive vienen con armas largas. Además de no contar con licencias para esto, en Puerto rico las leyes dictan que solo se pueden portar armas largas para la transportación de valores. O sea, que estas armas largas no se pueden usar en la protección de la propiedad o en el control de accesos. Estos "soldados a costo” no hablan español, no conocen las idiosincrasias de los sitios en donde están activados, y en mi opinión representan un peligro para la sociedad. Están vestidos como militares, con sus caras tapadas, y en actitud de disparar primero y preguntar después.

Estos guardias están entrando al país en vuelos privados, portando sus armas, sin que nadie les pregunte nada. Están pasando por la seguridad de los aeropuertos como si nada, y nadie está verificando ni siquiera los números de serie de esas armas que están entrando al país de manera ilegal. Nadie sabe quiénes son estas personas. Nadie sabe a quién le deben sus lealtades. Los altos ejecutivos llegan a puerto Rico con sus guardaespaldas extranjeros armados y entran y salen de los vuelos sin ningún problema, sin ninguna pregunta. Y lo más terrible en mi opinión es que el dinero que están generando por estas labores se va del país. Estas personas están devengando sueldos que se van con ellos a sus respectivos sitios de origen, y  Puerto Rico se queda como estaba.

Mi mayor sorpresa es que la División de Detectives de la Policía y la Directora no parece estar haciendo nada. ¿Dónde está la Superintendente? ¿Por qué ningún agente de ley y orden está supervisando estos casos? Sabemos que estas compañías extranjeras le pidieron una dispensa al Gobernador de Puerto Rico y a la Superindentende para poder traer sus armas a Puerto Rico y esa dispensa fue denegada. ¿Pero eso qué importa si esa decisión no se refuerza? ¿Cómo es posible que los policías si ven a un extranjero vestido de militar portando un arma no les pregunten por su licencia, pero si ven a un boricua haciendo lo mismo le cuestionen e intervengan?

Déjenme decirles que a los puertorriqueños que hacemos estas mismas labores nos hacen la vida de cuadritos para poder realizar nuestros trabajos. Todo es verificado una y otra vez. Nosotros pagamos patentes, sacamos permisos, sacamos sellos, tenemos entrenamientos, tenemos licencias… en fin, un sin número que requisitos que son costosos, toman tiempo, y que son necesarios para poder ejercer como guardias de seguridad armados en Puerto Rico. Ahora resulta que Mr. Ñemerson de Whatever State viene aquí como Juan por su casa, con su arma al hombro, vestido de G.I. Joe y puede ganarse las habichuelas que podríamos ganarnos nosotros sin pasar esos trabajos ni por el debido proceso.

Entiendo que, de permitirle a estas compañías extranjeras que vengan aquí a hacer trabajos de seguridad y protección, debemos exigir que por cada empleado extranjero que pretendan traer, tengan que contratar a tres puertorriqueños. Es una falta de consideración y respeto permitir que estas compañías hagan lo que les de la gana sin ningún beneficio para nuestro país, ignorando leyes y reglamentos y poniendo en riesgo la seguridad de los mismos puertorriqueños que pretenden proteger. Es hora de poner los recursos debidos en la calle, a trabajar por nuestra isla y no por sus propios intereses. En esta época de crisis, no necesitamos que los trabajos de seguridad se conviertan en parte del problema en vez de ser parte de la solución.