Ministerio Público presentará acusación formal contra 11 implicados en la Operación Pulpo, que supuestamente dirigía un hermano del expresidente Medina
Tras vencerse ayer, lunes, el plazo de cuatro meses otorgado por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que el Ministerio Público presente cargos formales contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros diez imputados en el entramado de corrupción administrativa develado el pasado año en la Operación Pulpo, de inmediato se extinguiría la acción penal de acuerdo con las leyes del país.
Sin embargo, el procurador adjunto, Wilson Camacho, que además es el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), indicó que la acusación de este caso "será presentada dentro de los plazos establecidos en el Código Procesal Penal”.
Camacho argumentó que más allá de concluido el plazo, aún se están analizando las últimas informaciones obtenidas, entre ellas las que llegaron de la Cámara de Cuentas que señala a Medina Sánchez de cometer otras operaciones fraudulentas a través de testaferros con empresas que ganaron contratos millonarios en licitaciones de varias instituciones estatales y de cobrar millones de pesos por vender miles de galones de combustibles a la Policía Nacional, carburantes que nunca entregó.
"El Ministerio Público está analizando las últimas informaciones obtenidas, incluso las que nos llegaron desde la Cámara de Cuentas, un procedimiento rutinario en los procesos, sobre todo en los que se trata de criminalidad compleja, que nos facilita el marco jurídico vigente”, declaró.
En ese sentido, agregó que el tiempo necesitado por los órganos de persecución reafirma la complejidad del hecho criminal contra el Estado dominicano.
"El tiempo que han necesitado los órganos de persecución, con un amplio equipo de fiscales y especialistas de diversas áreas trabajando sin ninguna pausa, reafirman la complejidad del Caso Pulpo y se traducirá en una acusación hermética que será presentada ante los tribunales para abonar con otro caso contundente, en términos probatorios, a la lucha contra la impunidad”, expresó Camacho.
El artículo 151 del Código Procesal Penal establece que, "vencido el plazo de la investigación, si en los próximos cinco días el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez, de oficio o a solicitud de una de las partes, intima al superior inmediato y notifica a la víctima para que formulen su requerimiento en 15 días”.
La Operación Pulpo tiene a Juan Alexis Medina Sánchez como principal acusado de manejar la estructura societaria de corrupción, que se enriqueció a costa de los recursos de los contribuyentes valiéndose de su vínculo familiar directo con el poder político en en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020). Por igual, está involucrada Carmen Magaly Medina Sánchez.
En el expediente, también figuran como implicados Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejando Christopher, exdirector general y exdirector de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe). Además, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública.
Al grupo le fue dictada en diciembre pasado prisión preventiva por tres meses que cumplen en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, decisión confirmada luego por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez Abreu, quien acogió la petición del Ministerio Público de mantener el encarcelamiento impuesto por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
En la ordenanza judicial se confirmó el arresto domiciliario a Carmen Magalys Medina Sánchez y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, este último por problemas de salud.
A la red del caso mencionado se le acusa de desfalco al Estado por más de 5,000 millones de pesos (equivalentes a 88,059,175 dólares) cometido en la gestión de gobierno del 2012 al 2020 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
