Alta corte rechaza recusación contra jueza que conoce la medida de coerción a generales y coroneles acusados de estafar al Estado dominicano

Por improcedente, fue rechazada la recusación presentada contra la jueza Kenya Romero Severino, Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, por uno de los tres generales militares detenidos junto a varios coroneles por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el caso de corrupción conocido como Operación Coral 5G.
La solicitud de cambio de jueza fue presentada por los abogados del general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Julio Camilo de los Santos Viola, alegando que la magistrada Romero Severino "está predispuesta” en ese proceso porque en mayo pasado conoció la coerción a los encartados del caso Operación Coral (del que se desprende este) e impuso prisión preventiva.
Ese procedimiento jurídico fue elevado el 30 de noviembre ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional por el abogado Julio Cury, durante una audiencia de solicitud de medida cautelar a los 13 imputados involucrados, por gestión del Ministerio Público que pide se les imponga 18 meses de prisión preventiva y declare el caso complejo.
Al rechazarse el pedimento, la jueza Romero Severino fijó inmediatamente para este miércoles el conocimiento del juicio preliminar. De acuerdo al Código Procesal Penal, este fallo no puede ser recurrido.
Sin embargo, tras fracasar en ese intento, el general Julio Camilo de los Santos Viola interpuso una querella penal en contra la magistrada a través de los abogados Yarni Aquino y César Reynoso Almánzar, por supuesta violación del artículo 183 del Código Penal Dominicano.
El referido artículo establece que el "juez o arbitro que, por amistad u odio, provea, en pro o en contra, los negocios que se someten a su decisión, será reo de prevaricación, y como a tal se le impondrá la pena de la degradación cívica”.
A la red de militares vinculados al presunto entramado de corrupción administrativa desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G se le acusa de mover al menos RD$4,500 millones (79,239,298 dólares) en el manejo fraudulento de 125 propiedades y productos financieros, según la investigación que tienen en desarrollo los fiscales.
Los apresados por el Coral 5G son los generales de la Fuerza Aérea Dominicana Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), así como Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Además, los coroneles Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Miguel Ventura Pichardo; el teniente coronel Kelman Santana Martínez, mayor José Manuel Rosario Pirón. la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, el empresario Félix Ramos Ovalle y la gerente bancaria Esmeralda Ortega Polanco.
Ese hecho incluyó 49 interdicciones domiciliarias en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, una jornada que fue dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, respectivamente.
Estas nuevas acciones se suman a las que se atribuyen a un grupo de uniformados detenidos durante la Operación Coral (primera fase) por la que aún cumplen prisión preventiva de 18 meses por mandato, el 10 de mayo de este año, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Los responsables de esos delitos, arrestados el sábado 24 de abril de 2021, son el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) durante el gobierno del entonces presidente Danilo Medina; la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Dominicana, Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que, contra el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar ofreciendo informaciones al Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad. La estructura criminal desarrollaba sus actividades delictivas principalmente con el abultamiento de la nómina, según el expediente acusatorio.
Se les imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.