Arrestados siete sujetos por estar vinculados a la explotación laboral infantil

La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y el Ministerio de Trabajo arrestaron a siete personas por su presunta participación en un esquema de explotación laboral infantil.
Se trata de Richard Mora Tapia (alias "Uribe”), Wiliam Cabreja Pimentel, Juan Antonio Muñoz (conocido como "Papito”), Noel Tapia, José Miguel Arias Muñoz, Ana María Alemán Zapata y Elbio Báez Sosa.
Fueron detenidos mediante orden judicial y acusados de someter a trabajos extremos a unos 14 menores con edades que fluctúan entre los ocho y los 15 años.
Los arrestos se produjeron en medio de un operativo en el que participaron fiscales de la provincia Montecristi (región noroeste), así como miembros de la Policía Nacional, la Dirección de Niños, Adolescentes y Familia (Dinaf) y la Dirección General de Migración.
Sobre el caso, el Ministerio Público solicitó una medida de coerción, en la que se establece que los menores eran utilizados para faenas en fincas sembradas de arroz en corte, ubicadas en los municipios de Castañuelas y Villa Vásquez, donde cumplían un horario de 13 horas recibiendo como pago RD$300 pesos diarios (equivalentes a 5.45 dólares).
La jueza Javierka Gómez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Montecristi, fue apoderada del procedimiento judicial y debe decidir si les ordena prisión preventiva o los deja libres de cargos.
Mediante un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República informó que el grupo fue arrestado luego de confirmarse que en esa provincia se habían dado situaciones importantes de explotación de infantil de forma inhumana.
El Ministerio Público le atribuye al grupo la violación de varios artículos de las leyes Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley 16-92, del Código de Trabajo.
El órgano de justicia resaltó que cuenta con distintas pruebas documentales y testimoniales en contra de los imputados con los que pedirá la prisión preventiva por la gravedad de los hechos, por los cuales podrían enfrentar penas de 15, 20 y hasta 25 años de cárcel. INS