Ministro de Energía revela supuestas prácticas de corrupción administrativa atribuidas a personas cercanas al expresidente Danilo Medina

El involucramiento de familiares cercanos al expresidente Danilo Medina en actos de corrupción administrativa toma cada vez más notoriedad, luego del surgimiento de más denuncias sobre irregularidades que serían suministradas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En esta ocasión, la mirada de los fiscales que conforman ese organismo acusador están depositadas sobre el exadministrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), Luis Ernesto de León, señalado como parte de un clan que beneficiaba a "dos cabezas” con todas las licitaciones que se hacían en esa institución.

De León es esposo de la hermana del expresidente, Magalys Medina Sánchez, a quien se le dictó prisión preventiva en su residencia por tres meses, colocación de brazalete electrónico, impedimento de salida y una garantía económica por 10 millones de pesos dominicanos (171,983 dólares) por la supuesta vinculación a la Operación Antipulpo.

El caso culminó con la detención de 11 encartados de cometer prácticas fraudulentas contra el Estado dominicano por 83 millones de dólares.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, denunció que el exadministrador de Edeeste formaba parte de ese clan, en un hecho que arrastra a una misma familia.

A las 11 personas les fueron dictadas medidas de coerción por el caso, incluyendo al también hermano de Danilo Medina, Juan Alexis Medina, a quien le fueron dictados tres meses de prisión preventiva. A este se le señala como el director operativo de la red.

El ministro Antonio Almonte detalló a un impreso local las acciones ilícitas atribuidas a Luis de León, quien estuvo a cargo de Edeeste durante los ocho años del gobierno anterior.

"Había un pulpo (se refiere a Juan Alexis Medina Sánchez) que tenía solo siete empresas que concursaban en cada una de las licitaciones. Cada una tenía un nombre diferente y registro diferente, pero participaban en la misma licitación, como se licitaba por lotes cada una de ellas siempre ganaba esos lotes”, dijo.

Afirmó que había otra que también participaba en la subasta, que le llamaban el gigante asiático, y tenía seis empresas que participaban en la misma licitación con similares beneficios.

"El tema es que eran dos cabezas vinculadas a una misma familia y el administrador de Edeeste formaba también parte de ese clan, y lo digo responsablemente, porque eso está documentado”, precisó al declarar  que en este momento hay una investigación en curso de parte de una firma auditora.

Agregó que "los concursos eran ganados por los mismos oferentes, tema que revela la inconveniencia, los perjuicios que recibe el erario, las finanzas públicas cuando poderosos políticos o familias con poder político se involucran tan profundamente en negocios con empresas del Estado”.

La consecuencia fue que "en cada licitación era muy difícil que perdieran una licitación, y eso liquida el principio de la libre empresa, lesiona la institucionalidad y al final también tiene consecuencias políticas”.

Almonte expresó que la inversión de las tres empresas de distribución eléctrica (Edesur, Edenorte y Edeeste) estaba abandonada, incluyendo que las compras que se hacían en la última revelaban un "secuestro” de esa entidad.

Dijo que las distribuidoras fueron abandonadas en los últimos años y eso se expresa en que Edeeste tiene cerca del 30% de sus subestaciones en estado crítico, las cuales incluyen transformadores que tienen hasta 55 años, cuando su vida media es de 25 a 30 años.

Señaló que esas informaciones ya están siendo investigadas por una firma auditora, para establecer con claridad las irregularidades cometidas por Luis de León y la familia Medina Sánchez.

Reveló que los informes obtenidos hasta el momento es que los concursos eran ganados en la mayoría de las ocasiones solo por dos empresas.

Se recuerda que la Pepca presentó el domingo 29 de noviembre ante un juez de instrucción el expediente de la denominada Operación Antipulpo, que llevó al arresto de los hermanos Medina Sánchez y otras nueve personas.

Junto a estos, en el caso figuran Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); el exministro de Salud, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa; Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.

Todos cumplen prisión preventiva de tres meses, revisable el 1 de marzo de 2021, por mandato del juez José Alejandro Vargas, coordinador del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional,  quien emitió una orden de libertad a favor de Domingo Antonio Santiago Muñoz, a condición de que se presente periódicamente ante el Ministerio Público.