Dictan diez años de cárcel a tres sujetos señalados como organizadores de viajes ilegales a Puerto Rico
El Tribunal Colegiado de provincia La Altagracia, región oriental del país, dictó diez años de prisión a tres individuos que el pasado año intentaron trasladar a bordo de una embarcación de fabricación doméstica a 45 viajeros indocumentados que intentaron llegar a Puerto Rico.
La condena afecta a Carlos Rodríguez Mercedes, Nelson Rojas y Pascual Güílamo, quienes deberán pagar una multa de 150 salarios mínimos cada uno, cuota equivalente a unos 15,000 pesos dominicanos (263 dólares).
Los tres son señalados como organizadores de las peligrosas rutas sobre aguas del mar Caribe que los últimos años han provocado miles de muertes.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Víctor Ramón Camacho, presentó suficientes evidencias que fueron admitidas por los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Alcides Duvergé Caraballo y Carmen Virginia Almonte.
El expediente elaborado por el órgano de persecución de delitos señala que los procesados fueron arrestados en mayo del pasado año por su implicación en el tráfico ilegal de 42 dominicanos y tres haitianos, quienes pagarían por el viaje sumas que oscilaban entre 893 y 5,000 dólares.
Indica que miembros de la Armada de República Dominicana, conjuntamente con guardacostas de Estados Unidos, encontraron al grupo de pasajeros a bordo de una yola de fabricación rústica de aproximadamente 30 pies de eslora (9.14 metros), que se encontraba navegando a unas 23 millas náuticas al noreste de Cabo Engaño, en la provincia La Altagracia.
Carlos Rodríguez Mercedes y Nelson Rojas, de acuerdo con la acusación, eran que dirigían o capitaneaban la embarcación, mientras que Pascual Güílamo recolectó el dinero de los indocumentado traficados.
Los tres sujetos violaron los artículos 1, letra F, y 2 de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, dice un comunicado de la Procuraduría General de la República.
Desde junio del pasado año, los procesados cumplían prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, del municipio Higüey, situado a 90 millas desde Santo Domingo.
Durante 21 años de viajes ilegales de quisqueyanos hacia Puerto Rico, el cúmulo de problemas dejados ha sido terrible: muertes, luto, engaños, naufragios, huérfanos, prisión y hasta pérdida de esperanzas.
El Canal de la Mona, que empalma ambos mares cerca de la isla caribeña, es el estrecho que más navegantes de este tipo ha tragado y sus tiburones han consumido. Estuvieron empujados por el llamado "sueño americano”, la crisis económica del país y la poca vigilancia o complicidad de los encargados de proteger el contrabando en las costas locales.
Ese tráfico de personas es un negocio que involucra a mucha gente, que además de personas llevan droga, en muchos casos, donde el capitán es una especie de empleado, que recibe una paga por la gira y lo dejan llevar tres o cuatro personas de él, a los que algunos les cobra y a otros, como familiares, los lleva gratis.
Los registros periodísticos reseñan que los primeros naufragios del nuevo siglo se iniciaron en enero de 1999, con un navío se hundió cargado de 70 aventureros de los cuales solo se rescataron 14 cadáveres y 48 viajeros declarados como desaparecidos. Entre las víctimas había cinco niños, tres de ellos hijos del "capitán” de la yola.
En el 2000, la prensa nacional recogió siete volcaduras y varios buques a la deriva por desperfectos mecánicos y cientos de personas en estado de deshidratación, como ocurrió en marzo con un balance de varios muertos y 50 desaparecidos.
En abril, una de esas naves permaneció cinco días averiada en alta mar con 71 migrantes y en julio otra encalló declarándose 15 extraviados y un muerto.
En diciembre de ese año, los traficantes aprovecharon las festividades navideñas y el descuido de los militares navales que vigilaban la costa para zarpar varias embarcaciones, pero una desapareció con 54 a individuos a bordo y a otra la detuvieron en Puerto Rico con 60 indocumentados. INS
