Nuevo canciller se propone proteger a los dominicanos que residen en el exterior, atraer inversiones para generar empleos y promover los valores de la democracia

Entre los planes de inmediata aplicación que tiene en carpeta el nuevo gobierno que encabezará el presidente electo Luis Rodolfo Abinader Corona están proteger a los dominicanos que residen en el exterior, promover las exportaciones y atraer inversiones para generar empleos.

Además, promover los valores de la democracia y de los derechos humanos consagrados en la constitución dominicana.

Así lo declaró el designado ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien avanzó que esos objetivos forman parte de la plataforma diseñada por el "gobierno del cambio” para implementarse a partir de la toma de posesión, el 16 de agosto, de las autoridades gubernamentales entrantes.

Sus declaraciones fueron ofrecidas en las afueras del Hostal Nicolás de Ovando, ubicado en la Zona Colonial de Santo Domingo, lugar donde el presidente electo toma las principales decisiones sobre el país.

Álvarez se definió como una persona que defiende los intereses de la nación quisqueyana al declarar que "yo soy dominicanista. Soy dominicano primero, segundo y tercero”.

Informó que están trabajando en la limpieza de la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde según denuncias "existen irregularidades”.

"En eso estamos trabajando”, respondió Roberto Álvarez, al comentar sobre la nómina que de acuerdo a reportes periodísticos se ha duplicado en más de 300 millones de pesos (más de cinco millones de dólares) desde el año 2016 a la fecha.

De igual manera, dijo que actualmente están en proceso de confirmar los mandatarios que vendrán al acto de traspaso de mando y toma de posesión de Abinader.

Respecto al controversial tema de la nacionalidad dominicana que reclaman algunos organismos internacionales a favor de los haitianos nacidos en el país, explicó que la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) fue seguida por la Ley 169-14 "que resolvió ciertos de los conflictos generados por la sentencia y la Ley 169 fue votada por el Congreso de la República Dominicana y avalada por el apoyo por todos los políticos, así que yo no veo que haya ninguna contradicción en ello”.

"Y la Constitución estableció quiénes tienen derecho a la nacionalidad dominicana y excluyó claramente a los hijos de cualquier persona que tenga un estatus irregular y eso es lo que prevalece en República Dominicana, la Constitución de 2010”, dijo.

Se recuerda que el 23 de septiembre del 2013, el Tribunal Constitucional dictó el fallo judicial 168-13, que establece que dejarán de tener la nacionalidad dominicana los nacidos en el país cuyos padres hayan estado en situación de indocumentación, medida que se aplicará a todas las personas nacidas en el territorio nacional desde el año 1929 a la fecha.

Es decir, el Estado le quitará nacionalidad a 4 generaciones de personas que durante ocho décadas fueron registrados como dominicanas, al amparo de la Constitución y leyes vigentes.

La decisión generó rechazo de parte de las entidades pro haitianas a nivel local, al considerar que violaba al menos cuatro artículos de la Constitución local y que "apela a criterios raciales para arrebatar la nacionalidad, afectará a miles de dominicanos y dominicanas de los más diversos orígenes, especialmente a aquellos de ascendencia haitiana a quienes el Estado ya les está quitando sus documentos de identidad dominicanos desde el año 2007”.

A partir del rechazo al documento, se articuló "Dominican@s por Derecho”, un grupo conformado por organizaciones de la sociedad civil para reivindicar los derechos de los dominicanos de ascendencia extranjera afectados por la política de desnacionalización.

En el ámbito internacional también se levantaron voces de preocupación por la sentencia. Diversos organismos de Naciones Unidas, como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y organismos regionales como Caricom, han declarado el peligro que implica desnacionalizar a más de 240 mil personas que ya tenían sus documentos de identidad.

En medio de la crisis, el presidente Danilo Medina recibió a una representación de las personas afectadas, a quienes reconoció como dominicanos/as, y les prometió iniciar un proceso de consultas con diversas instituciones del Estado "hasta encontrar una solución humana, justa y solidaria” a la situación de miles de personas que por causa de la sentencia quedan en riesgo de apatridia.