Decenas de organizaciones sociales manifiestan apoyo a la Procuraduría General de la República en la lucha contra el robo de los recursos públicos

Diversas organizaciones sociales y ciudadanos independientes articulados bajo el nombre "Ciudadanía Vigilante” expresaron su apoyo a las acciones impulsadas por la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, para investigar y sancionar el robo de los recursos públicos y la obstrucción de justicia.

Afirmaron que apoyarán con fuerza y corazón a quienes ayuden a conquistar estas aspiraciones o combatir, con la misma determinación, a quien intente volver a negarles el derecho a la justicia y al buen gobierno.

En un comunicado entregado a representantes de la Procuraduría General de la República, las organizaciones de la sociedad civil y los activistas aseguraron ayer que "la ciudadanía reconoce, valora y confía en un nuevo Ministerio Público conformado por profesionales honestos, capaces, objetivos e independientes de los mandatos del Poder Ejecutivo”.

"Venimos a decirle al Ministerio Público que en las manos de sus mejores hombres y mujeres depositamos nuestra esperanza de enseñarle de una vez y por todas a los funcionarios pasados, presentes y futuros que, por ser el peor atentado contra la Patria, el robo del dinero público debe ser drásticamente sancionado aún sea cometido por el mismísimo presidente de la República”, sostuvieron.

El grupo se presentó este martes en la sede del órgano persecutor para testimoniar que "mantendrá una labor permanente de vigilancia para garantizar justicia ante los principales casos de corrupción, aún impunes, y para exigir a cada funcionaria, funcionario, legislador y legisladora un buen manejo de los recursos públicos, incluyendo la renuncia al barrilito, cofrecito y demás privilegios que operan al margen de la ley”.

El barrilito y cofrecito es un presupuesto que se entrega a los legisladores, adicional a los sueldos, gastos de presentación y las dietas privilegiadas que reciben. 

Estos fondos son utilizados para "ayudas” en las provincias de donde proceden los congresistas e involucran una erogación anual RD$240,744,000 (aproximadamente unos 4 millones 131 mil 171dólares).

"Estamos frente a una nueva ciudadanía que reconoce el poder de su voz y no teme usarlo. Dominicanas y dominicanos vigilantes y en alerta en cada rincón del país, prestos a denunciar el abuso de poder y a accionar hasta lograr justicia”, aseguraron.

Las organizaciones manifestaron que la población expresó masivamente en las calles y en las urnas su rechazo al robo impune y al mal gobierno.

Señalaron que "hoy ese mismo pueblo está vigilante y tendrá su mirada puesta en cada servidor público para garantizar que actúe con apego a la ley y en beneficio del bienestar colectivo”.

Entre los movimientos firmantes están la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (Conamuca), Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd), Centro Juan XXIII, Lar Colective, Fundación Escoba, Federación de Mujeres Campesinas de Yaguate, Junta de vecinos San Lázaro, Movimiento Comunitarios Unidos, el Frente Estudiantil Flavio Suero  (Feflas), Juventud Caribe, Escuela Multitemática, Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, Frente Universitario Renovador, Congreso Cívico.

También, Movimiento de Trabajadores Independientes, Bloque Popular, Fundación Trópico, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Centro Cultural Poveda, Asociación de Mujeres Aida Cartagena Portalatín, Comité de Lucha de los Tres Brazos, ADP Boca Chica, Participación Ciudadana, Radio Seybo y la Unión de Afectados por las inundaciones en el Barrio Moscú de San Cristóbal.

Entre los ciudadanos que se unieron a la iniciativa estuvieron Altagracia Salazar, Betty del Villar, Claudia Capano, Víctor Castro, Fernando Henríquez, Francisco Abate, Hamilk Chain, Jorge Aguayo, Luis Carvajal, Luis D. Sosa Brea, Mario Berges, Mario Serrano Marte, Rodolfo Gil y el sacerdote Fray Jit Manuel Castillo.