Coronavirus/Escándalo de corrupción en el gobierno motiva destitución de siete funcionarios, por proceso de licitación irregular a raiz de la emergencia del Covid-19

Un escándalo de corrupción brotó en una institución gubernamental relacionado con un proceso de licitación fraudulento para la compra de alimentos que serían distribuidos a nivel nacional a 25,000 familias durante el periodo de emergencia nacional por la pandemia del Covid-19.

Las irregularidades, que involucran un presupuesto millonario, ocurrieron en Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI) y fueron comprobadas por una comisión designada por el presidente Danilo Medina tras una denuncia de un empresario que participó en ese concurso.

Anoche, mediante el 146-20, el Poder Ejecutivo destituyó a siete funcionarios de esa dependencia estatal quienes serán sometidos ante la justicia, vía Procuraduría General de la República.

Quedaron cesantes en sus funciones Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina Pieter, responsable de acceso a la información pública de esa entidad.

También, Ricardo José Guzmán Domínguez y Mayra Martínez de la Rosa, director de Operaciones, y encargada del Departamento de Compras, respectivamente.

Berlinesa Franco, directora de la entidad, renunció al cargo, al reconocer que se cometieron indelicadezas durante la compra de 40.000 kits (cajas) de alimentos valorados en 100 millones de pesos dominicanos (1,8 millones de dólares estadounidenses).

En el lugar de Franco fue designada como directora Kenia Lora Abreu.

En el mismo decreto fue nombrada Greybby María Cuello Coste de Torres directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, (Conani), posición que ocupaba Lora Abreu.

El anuncio fue hecho anoche por el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien dijo que tomaron la decisión luego de realizar una investigación donde se determinó que se cometieron anomalías.

El entramado fraudulento contra el Estado dominicano fue denunciado por el empresario Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Gobierno, así como por los ejecutivos de otras empresas, que participaron en un sorteo de emergecia que realizó el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia.

Cabrera expresó que junto a él había otras tres empresas concursantes que debían presentar 40,000 cajas de comida a 2,500 cada uno (46 dólares), "pero que con 600 (11 dólares) se hacía el kit”.

A través de una entrevista en el programa de televisión "Esta Noche Mariasela”, el empresario afirmó que la licitación por 100 millones de pesos fue publicada a las 6;00 de la tarde hora local (14:00 GMT) del 31 de marzo y cerrada al día siguiente, por lo que acudió antes del cierre a depositar los documentos.

Explicó que luego se comunicó con los demás participantes y que a ninguno se les había comunicado su participación en la licitación, a pesar de que ya los equipos de comida se estaban repartiendo, y que "se lo habían entregado a una empresa que no participó”.

En tanto, el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo dijo que para tales fines se designó una comisión, la cual recomendó la cancelación de los funcionarios de la referida ins­titución, luego que determinaran que se cometieron violaciones a la ley de compra y contrataciones públicas.

Explicó que el Estado se ve imposibilitado de hacer el pago a estas instituciones por la situación presentada, tras indicar que el caso será puesto a disposición de la Procuraduría General de la República para los fines legales correspondientes.

El país también fue sacudido por varios hechos de corrupción atribuidos a funcionarios estatales.

El más impactante fue el caso de la constructora brasileña Norberto Odebrecht que en diciembre del 2016 reconoció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber realizado sobornos a funcionarios públicos del gobierno de 12 países, entre ellos la República Dominicana, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Por este hecho, siete personas, entre estas un senador oficialista, esperan ser procesados en un juicio penal por prevaricación, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de confianza y otros delitos.

La empresa pagó 92 millones de dólares en coimas, la mayor suma erogada fuera de su país de origen. En enero de 2017, el Ministerio Público procedió a allanar sus oficinas en República Dominicana y la multó por un monto de 184 millones de dólares, el doble de lo pagado en sobornos, tal y como lo establece la Ley 448-06 sobre Sobornos en el Comercio.

En abril, Odebrecht acordó cooperar en la causa con la Procuraduría General de la República a cambio de que sus ejecutivos no fuesen procesados y que la compañía pudiese seguir operando en el país caribeño. actualmente trabaja en la construcción de la planta termoeléctrica Punta Catalina, ubicada en la provincia Peravia, localizada a 59 kilómetros (36 millas) desde Santo Domingo.