Informe de la OEA revela que colapso de las elecciones del 16 de febrero se debió a errores cometidos por los técnicos de la Junta Electoral y no se evidenció ningún fraude

La suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero se debió a fallas presentadas en la mayoría de los equipos del voto automatizado, pautados a utilizarse en 18 demarcaciones del país, incluido el Distrito Nacional, y no se evidenció ningún acto fraudulento, según un informe de auditoría rendido anoche por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Atribuyó el fracaso a una mala gestión de la Junta Central Electoral (JCE) y su equipo de informática, que elaboró el software de manera particular y luego no lo probó adecuadamente antes de realizar las votaciones.

En estos comicios, los dominicanos elegirían a 158 alcaldes, igual cantidad de vicealcaldes, 1,164 concejales y sus suplentes, 235 directores y subdirectores y 735 vocales, que asumirán el cargo el 24 de abril por un período de cuatro años. Finalmente, el sufragio se realizó el 15 de marzo.

El reporte de 45 páginas señala que los errores en el sistema fueron cometidos en la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral (JCE) y no por ataques externos al software, como denunciaron los actores políticos de la oposición. Recomendó no volver a usar ese sistema de votación en los comicios presidenciales y congresuales "programados para este año”.

La investigación indica que "la ejecución de un proceso de personalización de urnas carente de un adecuado control de integridad de la información debido a un defecto del software (conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas), es la causa raíz del primer incidente, que fue que la boleta electrónica no cargó por completo en el sistema”.

"El defecto no se detectó durante la fase de prueba, debido a que no se realizó un adecuado testing (prueba) del software. Ya durante la personalización de las urnas, se materializó la falla, puesto que, al no contar con el control de integridad, dicho proceso permitió personalizar urnas con la oferta electoral incompleta. Es por esta razón que el día de las elecciones muchos equipos no contaban con todos los candidatos en el sistema”, explica el documento.

La OEA también dijo que no se hizo un control de calidad antes del despliegue, lo que hubiese permitido detectar la falla oportunamente antes que se enviasen los equipos a los recintos.

Destaca que el inicio del sufragio con la oferta electoral incorrecta en un grupo importante de colegios electorales "demostró una falta de coordinación del personal a cargo del operativo y una deficiente estrategia de mitigación”.

Precisa que "el limitado porcentaje de colegios electorales que logró iniciar la votación correctamente, sumado a los pocos que pudieron remediar la oferta electoral e iniciar posteriormente, dejó expuesta la incapacidad técnica de mitigar la falla en la totalidad de las urnas ante las situaciones planteadas”.

De igual manera, manifestó que fue un desatino de los partidos políticos en pensar que esos problemas podrían ser resueltos entre las cinco y las siete de la mañana de ese domingo 16 de febrero.

Los resultados de la auditoría fueron entregados al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, y éste a su vez lo tramitó hacia el tribunal electoral.

"Esto tampoco es una explicación para la inexistencia de un plan de pruebas adecuado, que pudo haber detectado la falla a tiempo y, así, evitar esta situación inédita para el país”, señala.

La OEA indica que una vez concluidas las tareas de auditoría en campo y las entrevistas, se analizaron los resultados obtenidos, así como los indicios y evidencias que surgieron de la indagación, pudiendo concluir que no se hallaron indicios de sabotaje.

Para esta experticia se tomaron de manera aleatoria 80 equipos del voto automatizado y destaca que "luego de analizar los antecedentes, los registros de auditoría especiales, configuraciones, control perimetral e informes de seguridad, tampoco se hallaron evidencias de ataques externos”.

Dice el documento que las fallas que presentaron las herramientas informáticas, donde no subían las boletas electorales, obligando al retraso para ejercer el sufragio en muchos centros de votación, "no es compatible con un intento de fraude, por lo que se descarta tal intencionalidad”.

Se recuerda que el pasado 21 de febrero, la JCE solicitó al organismo regional la conformación de un grupo de expertos para auditar el colapsado de la votación que dio origen a una crisis política caracterizada por una intensa jornada de protestas durante dos semanas que repercutió en el mundo, además de causar indignación en el pueblo dominicano.

La solicitud fue hecha por la insistencia del ex mandatario Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), que renunció a la militancia de 46 años del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al perder la candidatura presidencial por la organización durante las elecciones internas del 6 de octubre del 2019.

A la iniciativa se unieron otros líderes políticos, así como movimientos de la sociedad civil, el empresariado, las iglesias y otros sectores de la sociedad, quienes reclamaron una explicación de lo sucedido.

También, el presidente Danilo Medina, quien instruyó al Ministerio Público suspender la investigación a dos personas detenidas, un coronel policial y un técnico de una empresa de telecomunicaciones, con relación al aplazamiento de las votaciones para dar oportunidad a los demás organismos internacionales de aclarar la situación "sin contaminación de los actores políticos en busca de una respuesta seria y contundente a la pregunta de qué pasó ese día”.