La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes insertó una serie de enmiendas que destruyen un proyecto que perseguía darle la potestad al Departamento de Salud para regular y fiscalizar a las empresas contratadas por las aseguradoras para manejar los beneficios de farmacias, conocidas como PBM’s, según denunció el lunes, la Alianza Pro-Acceso a Medicamentos, una coalición que reúne sobre 20 organizaciones de salud y proveedores que representan a los pacientes. 

María Cristy, portavoz de la Alianza, planteó que las organizaciones temen que las enmiendas integradas ayer por la Comisión de Salud destruyan el proyecto. Esta advirtió que los cambios insertados benefician solo los intereses particulares de las empresas que se supone sean reguladas y no están enfocadas en atender las necesidades de acceso a medicamentos que confrontan los pacientes.

"Sería catastrófico el que sea el Comisionado de Seguros quien asuma la jurisdicción sobre los PBMs. Esto tendría el efecto de deja fuera de regulación a cerca del 85 por ciento de los pacientes, en especial aquellos bajo la Reforma de Salud, quienes son precisamente los más afectados por las prácticas establecidas por los PBMs de retrasar y denegar el acceso a medicamentos. Nos preocupa también, la disposición que permite que los PBMs coarten la responsabilidad de las farmacias de ofrecer la información completa al paciente sobre el medicamento y sobre las alternativas de menor costo. Esta llamada "cláusula de mordaza” ha sido eliminada en una gran mayoría de los estados y recientemente el Presidente de los Estados Unidos firmó legislación que prohíbe esta práctica", estableció Cristy en comunicación escrita.

El Proyecto del Senado 218 busca regular a los Manejadores de beneficios de farmacia, que son intermediarios contratados por los aseguradores para el manejo y administración de farmacia de miles de pacientes. También persigue detener las prácticas de dilación o denegación de medicamentos, denunciadas por pacientes y entidades.

Las organizaciones que componen la Alianza revelaron que la medida tuvo un proceso atípico, con fuertes presiones de parte de los cabilderos de las empresas que el proyecto persigue regular. Estas afirman que el proyecto estuvo detenido por un tiempo inusual en la Comisión de Reglas y Calendario, y luego de haber contado con un proceso de evaluación en extremo extenso en la Comisión de Salud y a pesar de contar con un informe que recomendaba su aprobación, esta Comisión accedió a insertar enmiendas adicionales por petición de los propios PBMs, quienes serían regulados por la medida.

"Desde principios, esta medida ha tenido un fuerte cabildeo en contra, por parte de los aseguradores y los PBMs.  Como parte de la estrategia han intentado insertar a la medida enmiendas que desestabilicen o anulen su funcionalidad.  Entre estas enmiendas está el asignar la regulación a la Oficina del Comisionado de Seguros, en lugar de al Departamento de Salud, como propuesto en su origen, estas empresas saben que tal enmienda tendría el efecto de excluir de la regulación a los PBMs contratados por ASES”, señaló Leticia Ortiz, portavoz de la Asociación de Psoriasis.

"Nos preocupa que la Comisión de Salud de la Cámara, aun sabiendo las consecuencias para el paciente, haya accedido a las presiones de los PBMs. Sabemos que ha habido mucha presión, y eso ha sido reconocido públicamente por el propio presidente de la Comisión de Salud.  Es muy triste que se exprese que esta medida, según aprobada por la Cámara, va dirigida a atender las necesidades de los pacientes cuando en realidad no lo es.  No es correcto expresar que las enmiendas integradas por la Comisión de Salud a esta medida son en beneficio del paciente, esto es un mensaje solo para las gradas.  El problema precisamente recae en que no se implementan soluciones reales, sino alternativas que simulan atender el problema pero al final del camino no resultan efectivos.", dijo la doctora Sally Priester.

"Si este tipo de medidas no tiene una evaluación desde una perspectiva salubrista, sino puramente económica, no estamos fomentando un sistema de salud verdadero y centrado en el paciente.  Si el paciente no tiene su medicamento, descompensa, genera otras condiciones de salud y termina siendo un costo mayor para el gobierno”, expuso la doctora Norma Devarie, miembro de la Alianza.

Por su parte, Heriberto Ortiz, director ejecutivo de Coopharma, organización cooperativistas que conglomera el mayor número de farmacias de comunidad, reaccionó ante expresiones vertidas por el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, aludiendo a que las enmiendas integradas al proyecto "habían sido un acuerdo entre las farmacias y los PBMs”. Nuestra organización nunca llegó a acuerdo alguno con estas empresas, primero porque nuestros miembros nos dieron un mandato contundente de que esta medida no podía estar fiscalizada por la Oficina del Comisionado, sino por el Departamento de Salud, segundo porque en la medida en que los PBMs que poseen contratos con ASES queden fuera de la regulación, la situación actual de nuestras farmacias no va a cambiar, y por tanto, vamos a continuar con los mismos retos para tener accesibles los medicamentos que requieren nuestros pacientes. Quien haya acordado algo así con los PBMs, no representa ni a las farmacias ni a nuestros pacientes".

La mayor preocupación de las organizaciones es que el asignar a la Oficina del Comisionado de Seguros la responsabilidad de regular a los PBMs representa dejar desregulados a las entidades que poseen contratos con ASES, ya que el Código de Seguros expresamente los excluye. Otra enmienda insertada por la Comisión de Salud, le da vía libre a los PBMs para que puedan pagar a las farmacias por medicamentos despachados aún por debajo de su costo real. 

"Esto nos crea un problema serio porque las farmacias no pueden operar bajo este escenario.  Esto es hasta peor que la conducta en el mercado sin regulación, ya que la medida otorga al PBM una facultad en ley, que representa un cheque en blanco que al presente los PBMs no poseen.  Bajo este panorama, la farmacia se vería imposibilitada de adquirir el medicamento, y el efecto sería limitar el acceso a los pacientes.  Al final del camino, a quien único benefician estas enmiendas que insertó la Cámara de Representantes, es precisamente a las empresas que se lucran del proceso”, expuso Ortiz.

El grupo hizo un llamado al Senado y al presidente Thomas Rivera Schatz a mantener firme su compromiso con los pacientes. Solicitaron que el Senado no concurra con las enmiendas integradas en la Cámara y que se restituya en la medida al Departamento de Salud, como ente regulador.   

La Alianza Pro Acceso a Medicamentos está compuesta por 20 organizaciones de salud y proveedores entre las que se encuentran:  la Sociedad  Americana Contra el Cáncer, VOCES, Consejo Renal, Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, Sociedad Puertorriqueña del Pulmón,  Asociación Puertorriqueña de Diabetes, Asociación de Ayuda al Paciente de Psoriasis, Asociación Apoyo a Padres de Niños con Impedimento, Asociación de Alzheimer, entre otras organizaciones destacadas. 

CN

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