Contrario a las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez Garced durante su pasado mensaje, activistas contra la quema de carbón y el depósito de cenizas en Puerto Rico aseguraron que las comunidades afectadas por la empresa AES aún no gozan de mejor calidad de vida a pesar de la ley 5-2020, que prohíbe el depósito y disposición de cenizas de carbón en la isla.
El líder comunitario Jimmy Borrero Costas, del campamento contra cenizas en Peñuelas, le recordó a la gobernadora que todavía falta mucho por hacer sobre el desastre humano que ha causado la AES en Puerto Rico.
"En la reunión con la gobernadora en Fortaleza, el 30 de septiembre del pasado año, la instamos a visitar las comunidades de Guayama para que viera la crisis de salud que sufren las personas cercanas a la planta de carbón; solicitamos que se obligara al Departamento de Salud a realizar estudios, pero nada de esto lo atendió la gobernadora”, explicó.
Borrero añadió que "otras solicitudes ignoradas por la mandataria fueron la necesidad de establecer monitores de calidad de aire que midan metales pesados y particulado radiactivo en Puente de Jobos y Miramar, la importancia de monitorear las aguas subterráneas y superficiales donde se han depositado los residuos de carbón”.
También, "que se ordenara al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) darle seguimiento al sistema de monitoreo de los vertederos donde se depositaron cenizas, que se cerrara la planta de carbón y que no se renovara ni realizaran contratos nuevos con AES”.
"La aprobación de la ley 5, prohibiendo finalmente el depósito de cenizas tóxicas en nuestro país, fue un gran logro del pueblo que costó esfuerzo, sufrimiento, sacrificio, arrestos y persecuciones cuando Wanda Vázquez era secretaria de Justica. De hecho, como secretaria nunca quiso investigar las acciones criminales de la carbonera AES”, comentó Borrero Costas.
Mientras, la joven Mabette Colón Pérez, una de las residentes afectadas por las operaciones de AES, dijo que le sorprendieron los comentarios de la gobernadora, "porque ella nunca ha venido a mi comunidad, a pesar de que la hemos invitado. Mi comunidad no puede gozar de paz, tranquilidad o mejor calidad de vida mientras la amenaza de AES siga latente”.
Añadió que "a pesar del grave daño a la salud que estamos padeciendo, la AES sigue impune y el gobierno sigue mirando para otro lado. Apoyamos totalmente la nueva ley, eso es un gran paso, pero no es la solución final. Hay que cerrar la planta y sacar a AES de Puerto Rico”.
En tanto, Víctor Alvarado Guzmán, del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, aclaró que la Ley 5 aún no cuenta con un reglamento aprobado.
"A la gobernadora se le olvidó mencionar que a cinco meses de aprobada, la Ley 5 aún no cuenta con un reglamento. ¿Por qué es importante el reglamento? Porque la carbonera AES solicitó a la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, siglas en inglés) enmiendas a la regla federal que maneja el asunto de las cenizas de carbón, que tendrían el efecto de pasarle por encima a la Ley 5”, argumentó.
Dijo que "con esas enmiendas, que es un hecho que la EPA aprobará dentro de poco, le permitiría a AES mantener todas las cenizas tóxicas que quiera amontonadas en el patio de su planta o volver a desparramarlas a su discreción por todos los pueblos del país”.
"El tiempo sigue corriendo y aún el DRNA no ha informado cuándo se realizarán las vistas públicas para la evaluación del reglamento. Seguiremos luchando para poder cerrarle todas las puertas a la empresa AES y que finalmente se vaya de nuestro país”, finalizó Alvarado Guzmán.
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