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Publicado: Agosto 12,2018 10:12am

El gobierno puertorriqueño viene llamado a proteger las 7,000 cuerdas que comprenden el Caño Tiburones, en los municipios de Arecibo y Barceloneta, según una sentencia emitida por el juez Anthony Cuevas, del Tribunal Superior en San Juan, como resultado de una demanda presentada por ciudadanos y miembros de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña (SOPI), luego de dos décadas de incumplimiento.

La sentencia fue emitida tras más de tres años de litigio, y ante la oposición de la Junta de Planificación (JP), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Tierras (AT), las cuales deberán tomar aquellas acciones bajo su responsabilidad dirigidas a lograr la designación como reserva natural de las 7,000 cuerdas que comprenden el Caño Tiburones, en los municipios de Arecibo y Barceloneta, tal como requiere la Ley de Política Pública sobre los Humedales de Puerto Rico (Ley Núm. 314 de 24 de diciembre de 1998).

La Sociedad Ornitológica Puertorriqueña (SOPI), representada por el licenciado Pedro Saadé Llorens, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, enfrentó durante los últimos tres años la oposición de las agencias concernientes. "Estamos muy satisfechos con la determinación del Honorable Juez, y reiteramos nuestra disponibilidad para colaborar al gobierno en la protección y desarrollo sostenible de esta importante área natural para el beneficio de todos los ciudadanos”, expresó Nathaniel González, presidente de la SOPI. Solicitó, además, al gobernador Ricardo Roselló Nevares a instruir a los directivos de la JP, el DRNA y la AT a cumplir con la sentencia de forma inmediata, "conforme a sus expresiones de que su administración es una de ley y orden”.

La JP había designado solo 4,206 cuerdas del Caño Tiburones como reserva natural en el año 1998, dejando desprotegidas casi la mitad, aun cuando estos terrenos comparten el mismo valor ecológico y para la vida silvestre, según reconocido por la propia agencia y el DRNA desde la década de 1970. González explicó que el área en controversia corresponde a terrenos públicos administrados por la AT, la mayoría identificados como inundables según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). "La protección de la totalidad del Caño Tiburones como reserva natural se hace hoy en día más evidente y necesaria tras el paso del huracán María, puesto que la zona recibió muchas de las aguas del Río Grande de Manatí y el Río Grande de Arecibo, tras las lluvias del fenómeno atmosférico, amortiguando de esta manera el impacto de las inundaciones sobre áreas pobladas en la costa de estos dos municipios, incluyendo Barceloneta”, detalló. González consideró que "su protección debe ser vista como una inversión lógica para aumentar nuestra resiliencia de cara al futuro, particularmente ante los impactos crecientes del cambio climático”.

Sergio Colón, una de las principales autoridades del país sobre el valor para las aves del Caño Tiburones, señaló que "la decisión del tribunal valida nuestros reclamos, los cuales están sustentados en múltiples documentos científicos publicados durante décadas sobre la extensión y excepcional valor de esta área natural, muchos de los cuales han sido generados por las mismas agencias que, irónicamente, se opusieron a (su) protección”. Colón apeló a la formación científica del gobernador Rosselló Nevares para que enmiende los errores e inacción de las pasadas administraciones y que, finalmente, "se proteja todo el Caño Tiburones como reserva natural, según dispuso su señor padre cuando firmó la Ley sobre Política Pública de Humedales hace más de 20 años”.

El Caño Tiburones, ubicado en el llano inundable entre el Río Grande de Arecibo y el Río Grande de Manatí, alberga el humedal de agua dulce más extenso de todo Puerto Rico, y además forma parte del Bosque Nacional Modelo y de la región del karso norteño. También ha sido reconocido por agencias estatales y federales como una de las áreas de mayor valor ecológico en Puerto Rico y la zona con mayor número de especies de aves en la Isla, al punto de documentarse al momento 220 especies de aves residentes y migratorias, incluyendo especies vulnerables y en peligro de extinción.

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