La reciente decisión de la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de aprobar el suministro de bombas de racimo a Ucrania ha causado indignación y críticas, incluso dentro de su propio Partido Demócrata. Esta acción ha sido ampliamente cuestionada, dado que el uso de estas municiones está prohibido en gran parte del mundo.

En una entrevista con CNN, Biden admitió que la decisión de proporcionar este tipo de armamento a Kiev fue "muy difícil", alegando que Ucrania se está quedando sin municiones. Sin embargo, varios legisladores demócratas han condenado la medida, argumentando que las bombas de racimo pueden afectar indiscriminadamente a la población civil.

La representante demócrata Betty McCollum, de Minnesota, calificó la decisión de la Casa Blanca como un "terrible error". En su opinión, la inclusión de municiones de racimo estadounidenses en el campo de batalla ucraniano debilita la autoridad moral de EE. UU. y contradice la posición de 23 de sus aliados de la OTAN que se adhieren a la Convención sobre Municiones de Racimo.

Asimismo, McCollum señaló que las bombas de racimo dejan un legado de "miseria, muerte y una costosa limpieza durante generaciones después de su uso". Como ejemplo, destacó el hecho de que el gobierno de EE. UU. gasta decenas de millones de dólares anuales para retirar estas municiones en Laos, remanentes de la guerra en Vietnam.

Entre otras voces críticas dentro del Partido Demócrata se encuentra la congresista Barbara Lee, de California, quien manifestó su alarma por la noticia. Además, las congresistas Ilhan Omar y Sara Jacobs propusieron una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional para 2024, con el objetivo de prohibir la entrega de bombas de racimo desde las reservas de EE. UU.

Las municiones de racimo, usadas por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, pueden dispersar múltiples submuniciones sobre una amplia zona, poniendo en riesgo a la población civil y dejando proyectiles sin detonar que representan un peligro durante años. Debido a su letalidad, 123 países adoptaron en 2008 una convención que prohíbe su uso.