La división de Apelaciones del Tribunal Supremo de Nueva York determinó este jueves que los trabajadores agrícolas del estado tienen derecho a ser representados por un sindicato.
Miles de trabajadores agrícolas de Nueva York se anotaron una gran victoria con el fallo, que considera que es "inconstitucional" excluirles de la Ley de Relaciones del Trabajo (SERA por siglas en inglés).

Dicha ley, aprobada por el Congreso del estado en 1937, otorga el derecho a los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente con representantes de su preferencia.

Pero los derechos y protecciones de la ley sólo se extendían a trabajadores que se ajustaran a la definición de "empleado", excluyendo, entre otros, "a cualquier individuo empleado como trabajador agrícola".

En 2016 el trabajador agrícola Crispín Hernández, entre otros, representado por la Unión de Libertades Civiles (NYCLU), presentó una demanda contra el estado y la New York Farm Bureau, la organización más grande que agrupa a empleadores, reclamando ese derecho.

Hernández fue despedido de la finca donde trabajaba luego de que su empleador lo encontrara hablando sobre las condiciones de trabajo en la finca.

La New York Farm Bureau se ha opuesto a que los trabajadores del campo puedan estar bajo un sindicato alegando que la posibilidad de realizar una huelga sería dañina para la producción agrícola.
Mientras, la NYCLU asegura que para proteger los intereses agrícolas no hay que excluir a todos los trabajadores de la ley SERA.

Aunque el estado fue demandado, anunció entonces su intención de argumentar en contra de la exclusión, con lo que no estuvo de acuerdo la New York Farm Bureau, que pidió al tribunal que se desestimara la demanda.

El Tribunal Supremo la desestimó y la Unión de Libertades Civiles acudió a la división de Apelaciones, que este jueves decretó inconstitucional la exclusión de los trabajadores.

"Esta es una victoria para algunos de las más vulnerables miembros de nuestra fuerza trabajadora", dijo el gobernador, Andrew Cuomo, en un comunicado.

Recordó que desde el principio del caso, las autoridades eligieron no pelear en contra de la demanda "porque a los trabajadores agrícolas nunca se les debió haber negado los mismos derechos básicos de otros trabajadores y creemos que no sólo es moralmente incorrecto, si no inconstitucional".

Por su parte, la fiscal general del estado, Letitia James, destacó que esta decisión afirma que los trabajadores agrícolas dejan de ser considerados trabajadores de segunda clase a los ojos de la ley".

EFE