Trump insiste a senadores republicanos para lograr la derogación de Obamacare

Las diferencias sobre reducir o no la jornada laboral a los funcionarios y la eliminación del bono de Navidad tensan de nuevo, estos días, las relaciones entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico y el Gobierno de la isla.

Las diferencias han subido a tal punto que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ha advertido de que su rechazo y oposición a esta posible medida, que, dijo, crearía una crisis social sin precedentes, es tal, que no descarta acudir "a cualquier foro que sea necesario" para defender su idea de que no es necesario adoptar dichas medidas.

Unas medidas a todas luces impopulares y que el Gobierno considera que, además, la JSF no tiene la potestad para implantar.

A estas diferencias se ha unido hoy la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), quien por boca de su presidenta, Alicia Lamboy-Mombille, ha advertido a ambos sobre las "consecuencias adversas directas al comercio local si se pusiese en efecto la reducción de jornada laboral de los empleados públicos".

"La reducción de la jornada laboral echaría para atrás cualquier adelanto hacia el desarrollo económico. Debemos enfocarnos en todo aquello que redunde en crecer nuestra economía", indicó hoy Lamboy-Mombille.

"Una reducción en la jornada laboral de los servidores públicos ocasionará una merma en sus ingresos que causará un 'efecto cascada' adverso a miles de familias, así como a toda la economía de Puerto Rico. Esto agravará la depresión económica que hemos venido experimentado en la pasada década", alertó la presidenta de la Cámara de Comercio.

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Señaló, además, que "el Gobernador ha indicado que han identificado otras medidas fiscales que ayudarán a cumplir con el Plan Fiscal sin afectar ni tener que imponer una reducción a la jornada laboral, así que estamos a la espera de escuchar las mismas."

"La economía se nutre del consumidor que utiliza sus ingresos para adquirir bienes y servicios. Asimismo cumple con sus compromisos con la banca por préstamos hipotecarios y de autos. Todo se vería afectado, trastocando -aún más-el clima social de nuestro pueblo. Este escenario se debe evitar a toda costa", expresó la responsable de la Cámara de Comercio.

Hiy también la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), Zoimé Alvarez, reconoció que de establecerse como medida fiscal para el Gobierno de Puerto Rico, la misma afectaría a la economía local.

"Reconocemos el impacto económico que tendrían las familias puertorriqueñas que trabajan en el sector público, con la propuesta de reducción de la jornada laboral. Específicamente en cuanto a sus compromisos financieros contraídos que incluyen casa, autos y préstamos personales, entre otros", expresó Álvarez Rubio.

El presidente Donald Trump insistió hoy de nuevo a los senadores republicanos para que logren una derogación de la ley de salud conocida como Obamacare, después de dos votos fallidos en la Cámara Alta que dejan como única posible alternativa una versión mucho más descafeinada.

"Vamos, senadores republicanos, ustedes pueden hacerlo con la asistencia sanitaria. ¡Después de 7 años, esta es su oportunidad de brillar! ¡No decepcionen al pueblo estadounidense!", dijo el mandatario en su cuenta personal de la red social Twitter.

Los republicanos del Senado, que ostentan la mayoría, no han sido capaces de ponerse de acuerdo en cómo derogar la ley de salud que impulsó el expresidente Barack Obama, y las dos propuestas consideradas hasta ahora no han logrado el consentimiento de los senadores para prosperar.

La Cámara Alta aprobó este martes por la mínima iniciar un nuevo procedimiento legislativo para mantener vivo el debate sobre el futuro de la ley sanitaria, una pequeña victoria de Trump cuando parecía todo perdido.

No obstante, la falta de acuerdo es tal, que el vicepresidente, Mike Pence, en calidad de presidente del Senado, tuvo que deshacer el empate a 50 votos entre demócratas y republicanos para comenzar el debate legislativo, un procedimiento que normalmente no conlleva ningún tipo de discusión.

Tras ese primer paso, se sometieron a votación dos proyectos legislativos, uno que contemplaba la derogación y un plan de sustitución; y otro que simplemente acababa con gran parte del sistema actual de salud y daba dos años de margen para crear una alternativa. Ninguno de ellos prosperó.

Ante la falta de entendimiento, se espera que los republicanos lleven al Senado una derogación reducida de Obamacare conocida como "skinny bill" o "ley flaca", en la que solo sometan a votación enmiendas en los pocos aspectos en los que hallen consenso.

Aún no está claro cómo será el formato final de esta versión, que se debate hoy en el pleno de la Cámara Alta, ya que debe ser también aprobada en última instancia por la Cámara de Representantes.

La "ley flaca" de derogación podría acabar con algunos aspectos en los que los republicanos coinciden en poner fin, como el mandato para las empresas con más de cincuenta empleados de ofrecer un seguro médico a sus trabajadores si no quieren ser multados, o el conocido como mandato individual, que también castiga a los individuos con recursos que no busquen una póliza en el mercado.

Sin embargo, la expansión de las subvenciones a las personas con bajos recursos, conocida como Medicaid y que ampara Obamacare, se mantendría intacta para mantener contentos a los senadores más moderados, algo que, sin embargo, no está bien visto por los conservadores.

Aunque la "ley flaca" parece la opción más viable hasta el momento, tampoco está claro que obtenga todos los apoyos, pues su impacto también dejaría sin seguro a 16 millones de personas en los próximos diez años, la mitad de lo que hubieran provocado las opciones ya rechazadas, pero igualmente un duro golpe para el acceso a la salud en el país.

EFE