La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Jayuya, toda vez que halló múltiples deficiencias en el control de gastos y en la adquisición de bienes.

El informe revela que los estados financieros de Jayuya del 2017 al 2019 no incluyeron la posición de la Empresa Municipal Agroturística de la Tierra Alta (Ematta). Estos estados habían reflejado una opinión adversa para las actividades de Ematta del 2017 al 2018 y una opinión cualificada en el 2019.

Además, los directores ejecutivos de la Empresa de Desarrollo Económico de la Tierra Alta (Eddeta), que administra las operaciones de Ematta, no prepararon los presupuestos operacionales del 2018 al 2020; hecho que propició un desequilibrio entre los ingresos y los gastos.

La junta de Eddeta tampoco discutió los estados financieros de las empresas municipales en ninguna de las 42 reuniones sostenidas del 2017 al 2019. Los estados financieros emitidos por un CPA entre el 2018 y 2019 se vinieron a discutir en la junta hasta dos años posteriores a su publicación.

La auditoría de seis hallazgos señala que los acuerdos colaborativos entre el municipio y la Ematta, por 30 mil dólares en el 2017 y 40 mil en el 2018, no se remitieron a la Oficina del Contralor como establece la ley y reglamentación vigente.

Además, el primer acuerdo mencionado y otro formalizado en el 2019 para el arrendamiento de nueve vehículos municipales por 1,800 dólares mensuales, tampoco se presentaron a consideración de la legislatura municipal.

Los auditores hallaron múltiples deficiencias con la adquisición de bienes y servicios. Por ejemplo, del examen de una muestra de los 33,870 comprobantes de desembolsos por $77,963,139 dólares, se identificó que en el 25%, no se adquirieron con al menos tres cotizaciones de proveedores representativos del mercado.

Además, las cotizaciones obtenidas para la compra en particular de un equipo de sonido no registraron el nombre, título ni la firma del funcionario que solicitó y adjudicó la compra. Este tipo de situaciones propicia que se cometan irregularidades en los desembolsos.

Contrario a lo establecido en cinco ordenanzas autorizando la adquisición de equipos y vehículos hasta la cantidad de 950 mil dólares, el municipio desembolsó 399,682 dólares en exceso a lo autorizado. Además, los vehículos pesados adquiridos no contaban con las garantías mínimas requeridas de tres meses o tres mil millas, para las compras fuera de Puerto Rico.

El informe revela que uno de los 41 vehículos adquiridos, un Mercedes Benz, nunca se había utilizado no tenía marbete ni estaba rotulado. El director de Obras Públicas no cumplió con su deber para que se realizaran las reparaciones requeridas al vehículo y fuera rotulado.

De hecho, al 31 de diciembre de 2019, el alcalde mantenía al director de Obras Públicas en un puesto interino desde el 2017 y no había remitido su nombramiento a la legislatura municipal, contrario al Código Municipal que establece un límite de 120 días para un interinato.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

Este segundo y último informe de Jayuya cubre el período entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr . INS