La directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), Ariadna Godreau Aubert, exigió al gobierno una respuesta más efectiva ante el desastre originado por los terremotos, con refugios libres de riesgos a la seguridad y a la salud, mas sobre todo con un cambio inmediato de refugiados de campamentos a viviendas.

"El desastre no ha terminado; este es un tiempo muy crítico para las miles de personas que viven en condiciones paupérrimas, insalubres, inseguras y, en ocasiones, militarizadas”, dijo Godreau Aubert, en una mesa redonda para medios de comunicación en la sede de la organización, en Santurce.

Argumentó que los refugios no se pueden convertir en la nueva realidad, por lo que demandó que las 20,000 personas desplazadas de sus hogares porlos terremotos tengan acceso a ayuda inmediata, que incluya viviendas, ya sea de manera temporera o permanente.

La organización, dedicada a defender el derecho a una vivienda digna, comenzó esta semana a llevar brigadas legales comunitarias a las familias desplazadas, las cuales estuvieron el martes con refugiados de Guánica, el jueves en Yauco y mañana sábado estarán en Guayanilla.

Godreau Aubert destacó que 175 personas, entre abogadas y abogados y estudiantes de Derecho, respondieron al llamado, tomaron un adiestramiento en línea y están participando de las brigadas, donde escuchan las situaciones que les plantean los refugiados y llenan las solicitudes de asistencia individual con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

"Nuestra intención es acompañar a cada una de las familias afectadas por el desastre, ya sea porque perdieron sus hogares o porque viven en un estado de incertidumbre al todavía desconocer el verdadero estado de sus viviendas”, Godreau Aubert al agradecer profundamente a las abogadas y estudiantes probonistas que han hecho suyo este esfuerzo de acompañamiento.

Destacó que la responsabilidad del gobierno no ha terminado, por lo que tiene la obligación de mantener los campamentos para refugiados en condiciones seguras y salubres.

La abogada explicó que una de las quejas que han recibido es que en los campamentos del gobierno se vive en un ambiente militarizado, aparte de que es urgente implantar protocolos de violencia de género para evitar la interacción de víctimas de esta violencia con sus agresores y para que no convivan en un mismo espacio físico niñas y niños y adolescentes con adultos que están en el Registro de Ofensores Sexuales.

Denunció que personal del gobierno han lanzado amenazas, incluyendo remover la custodia de hijas e hijos, a quienes se nieguen a cambiarse de los campamentos organizados por las propias comunidades a los del gobierno.

Para cambiar el paradigma de los campamentos de refugiados a reubicar en viviendas, explicó Godreau Aubert, el gobierno tiene la alternativa de hacer un inventario completo de propiedades residenciales reposeídas por los bancos hipotecarios o que por alguna otra razón están ahora mismo vacantes y adquirir una parte para que las habiten las familias que han perdido su hogar.

Recordó que, según los datos que dio el propio gobierno el 17 de enero, los terremotos destruyeron unas 700 viviendas.

Con este mismo propósito en mente, el gobierno también debe hacer un inventario de las habitaciones de hotel desocupadas, así como dar prioridad a las familias desplazadas en la adjudicación de los vales del programa de subsidio para el alquiler de vivienda de la Sección 8 de la Ley federal de Vivienda. INS