Integrantes de la Brigada de la 3ra Edad criticaron el viernes la aprobación en menos de 30 días el Proyecto del Senado 1310 para derogar la Ley 121 de la Carta de Derecho de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico y alegaron es un acto de violación de derechos humanos a la participación social dentro de los espacios políticos.

"La Brigada se opone a que este proyecto de ley sea aprobado de forma atropellada y sin un análisis profundo del impacto y las consecuencias que traería la derogación de la misma. Como organización reconocemos la importancia de que la Ley 121 se evalúe y se analice, sin embargo, se debe garantizar la participación dentro de la discusión de la misma. Es esencial que se le dé una mirada crítica y refrescante a esta ley”, dijo en declaraciones escritas, la presidenta de la Brigada, Amada García Gutiérrez.

Alegó que el proyecto se presentó el 30 de mayo en la Comisión Especial para la evaluación del Proceso de Adopción y el trato de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico y se realizó una vista pública del proyecto el 10 de junio. La medida, según indicaron fue aprobada con enmiendas el jueves en el Senado con la participación de tres agencias gubernamentales y una organización no gubernamental (ONG).

"Hacemos un llamado a que este proyecto sirva para unificar esfuerzos y mover a nuestra sociedad a un mejor espacio para nuestros viejos. Invitamos a la Cámara de Representantes a que no aprueben el proyecto a la ligera y sin una evaluación adecuada, profesional y crítica de la misma. Como organización nos presentamos para sumar a la gestión de este proyecto”, agregó García Gutiérrez.

Alegó también que la Oficina de la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) que vela por los derechos de la población se opuso al proyecto.

"Ante las situaciones y las noticias que hemos leído en los últimos meses en donde se destaca la violencia, el abandono, el aumento poblacional y la pobreza de esta población es más que pertinente que hablemos de cómo la Ley 121 está siendo o no efectiva. Esto exige realizar políticas públicas que cuenten con expertos en la población, pero lo más importante es tener la participación de aquellas personas que se van a ser beneficiados o afectados: nuestros viejos”, expresó la vicepresidenta de la Brigada, Mariangely Lebrón.

Por último, invitaron a la comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado y a la Comisión Especial para la evaluación del Proceso de Adopción y el trato de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico a evaluar el proyecto con la participación activa de diversos sectores.

García Gutiérrez expuso que "ante el panorama en el que la edad mediana de la población es de 42.8 años según el Instituto de Estadística de Puerto Rico, no es momento de radicar y apoyar un proyecto como este a puertas cerradas en donde se verán afectadas la vida del 25 por ciento de la población puertorriqueña”.

CN