Reaccionan ante aprobación medida derogaría Carta de Derechos Personas Edad Avanzada

La presidenta de la entidad Brigada, Amada Z. García Gutiérrez, reiteró el miércoles su posición sobre la necesidad que había de realizar vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 1310 que se aprobó el martes en la Cámara de Representantes sin ninguna consideración.

Según alegaron, esta medida propicia la derogación de la Ley 121 de la Carta de Derecho de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico.

"El proyecto se aprobó con nuevas enmiendas recomendadas por la Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el Trato de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico. Algunas de las enmiendas que se adoptaron surgen de las recomendaciones que emitieron algunas entidades en los pasados días. Durante la sesión ordinaria que se celebró en la tarde de del martes, la representante Jacqueline Rodríguez Hernández, presidenta de la Comisión Especial, indicó que la aprobación de la medida era urgente ante la situación que enfrenta la población vieja en Puerto Rico”, denunció García Gutiérrez en declaraciones escritas. 

Indicó que realizaron los esfuerzos que tuvo a su alcance para comunicar las consecuencias que podría tener una medida que no se evaluó y analizó con el detenimiento y la responsabilidad que requiere. 

"Lamentamos que una oportunidad como esta se haya utilizado para realizar un análisis apresurado sobre los derechos de una población que va en aumento y que actualmente representa el 25 por ciento del país. Lo único que denota la aprobación de esta medida es que los viejos y las viejas en Puerto Rico no son prioridad. Se ha demostrado que sus necesidades y limitaciones se pueden resolver en una discusión de menos de 30 días y con una representación sumamente limitada y selectiva”, sostuvo la líder de la entidad.

En referencia al Informe Positivo de la Comisión Especial, García Gutiérrez alegó que AARP Puerto Rico, el Departamento de Justicia y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) en sus comentarios reconocieron llevaron a cabo un análisis limitado sobre la medida debido al corto tiempo para reaccionar.

Sin embargo, reconocieron que el presupuesto de la OPPEA y del Departamento de la Familia se redujeron, y confían en que el gobierno de Puerto Rico tenga el compromiso y los recursos para educar a profesionales y la comunidad en general sobre la nueva política. Además, esperan que el lenguaje que se contempló en la ley, en donde se otorga mayor poder al Departamento de la Familia y se elimina la fiscalización por parte de la OPPEA, no afecte los esfuerzos alcanzados en otras agencias gubernamentales y no queden desprovistos nuestros viejos y viejas.

"La Brigada continuará fiscalizando cualquier proceso que se relacione al bienestar de esta población y reitera su disposición de facilitar y colaborar con cualquier gestión que sea de beneficio con nuestra población”, finalizó García Gutiérrez.

CN