Gerenciales del FSE piden al gobernador Pierluisi que acuda al tribunal federal de apelaciones a defender a los servidores públicos

El presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (AEG-CFSE), José E. Ortiz Torres, requirió al gobernador Pedro R. Pierluisi a presentar un recurso de revisión en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos de la decisión de la jueza Laura Taylor Swain sobre la Ley 176 de 2019.

Esa normativa, que enmienda la Ley 8 de 2017 (Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico) y la Ley 26 de 2017 (Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal), dispone sobre la acumulación de días vacaciones y enfermedad de los empleados públicos, y nada sobre el desembolso de fondos públicos adicionales a los ya presupuestados.

El dirigente sindical indicó que el tribunal erró en cuanto a su interpretación de las facultades de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) amparadas en la Ley Promesa, la cual se limita en este caso al cumplimiento de planes fiscales certificados.

Con su decisión, la jueza Taylor Swain autorizó al organismo fiscal impuesto al gobierno de Puerto Rico a disponer medidas de eficiencia en el servicio público a base de la cantidad de días de vacaciones o enfermedad que acumule un empleado, en ausencia o sin evidencia empírica de cada agencia o corporación pública basado en la naturaleza del servicio que prestan.

"Los planes de vacaciones son instrumentados mediante la reglamentación de personal basado en análisis de la naturaleza y demanda de servicios, incluyendo la cantidad de empleados necesarios y disponibles para operar una agencia o corporación pública”, dijo Ortiz Torres, quien es abogado.

Consideró que permitir que la JSF se arrogue determinar la política de acumulación de licencias en las agencias y corporaciones públicas, es una autorización expresa a la administración de los recursos humanos de las entidades públicas que le corresponde al gobierno puertorriqueño como patrono, además de no ser una facultad concedida por la Ley Promesa, creada por el Congreso federal ante la bancarrota fiscal de Puerto Rico.

El presidente de la AEG-CFSE aclaró que, a tono con la Ley Promesa, la JSF podría presentar una contención legal sobre la liquidación en pago por días acumulados en caso de impactar los estimados fiscales, lo que la Ley 176-2019 no contempla.

"No obstante, disponer sobre la eficiencia de servicios por días acumulados en licencia de los servidores públicos, constituye una intromisión contraria a derecho de conformidad a la Ley Promesa, por lo que la objeción de la Junta de Supervisión Fiscal sobre la acumulación de vacaciones y días por enfermedad es una de índole filosófica neoliberal, enfocada en una apreciación errónea que prueba que no es su discreción imponerlo”, explicó al instar al gobernador a proceder a la brevedad posible con un recurso de revisión.

Torres Ortiz advirtió que de permitirse, esto representaría una acción irrazonable e irracional, representando un peligro para el país, ya que en ninguna parte de la legislación federal que dio paso a la creación de la Junta de Supervisión Fiscal estipula tal facultad.

INS